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Opinión

  • | 2019/05/28 13:21

    Jueces: no más TransMilenio

    En el último capítulo de la historia de la carrera Séptima de Bogotá apareció un nuevo protagonista: el conjunto de la Procuraduría General de la Nación y el juez 49 administrativo de oralidad.

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En un libreto que ya hemos visto antes para proyectos de alto interés estratégico, el ente de control se atraviesa a pocos días de la adjudicación de los contratos del caso para luego dar paso a decisiones judiciales que en ocasiones se alejan de constituir verdaderos fallos en derecho.

 El proyecto de construir TransMilenio por la Séptima generó divisiones y diversidad de opiniones. Yo mismo expresé mis dudas a propósito de la prioridad asignada a dicha intervención y a la forma en que se socializaron y justificaron los detalles de la iniciativa. Sin embargo, una cosa es el debate democrático y otra muy distinta que el sistema de justicia se convierta en un cogobierno que objeta temas de índole técnico, que por demás reflejan la voluntad popular refrendada en urnas.

 El caso en referencia es también buen ejemplo del denominado síndrome NIMBY (not in my back yard - “no en mi patrio trasero”), significando en esta ocasión que todos queremos servicios urbanos como puentes y avenidas modernas, excepto si la obra se hace en frente de nuestra casa.

 Para el caso concreto de los procesos adelantados por la Procuraduría y el juez 49 se priorizaron las quejas de unos cuantos ciudadanos que ciertamente se verán afectados por el paso de las obras (en un par de lugares específicos del proyecto), mientras se ignoró el potencial beneficio para millones de personas (muchas de ellas de bajos recursos) dada una mejor oferta de transporte con menores tiempos de viaje en un corredor de más de 20 kilómetros de longitud.

 Lo anterior por medio de numerosos artilugios para justificar que el proceso se encuentra viciado, lo que no habla bien de la forma en que algunos ciudadanos se aproximan a la justicia. Para los casos en mención se han hecho cuestionables interpretaciones de artículos, decretos y normas urbanísticas sobre amplitud de vías y puentes, ancho de las aceras, alcance de los planes parciales y necesidad de estudios geotécnicos.

 Resulta oportuno recordar que las acciones de la justicia en este caso nada tienen que ver con falta de transparencia u objetividad durante el proceso contractual. La totalidad del debate gira alrededor de las zonas grises que existen entre la ingeniería y la técnica jurídica. En tal sentido, parecería sensato darle el beneficio de la duda a la autoridad competente y con conocimiento y experiencia específica, es decir, la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano.

 Todo lo enunciado se conjugó en tormenta perfecta al considerar la mala imagen de la Administración Distrital y el contexto electoral de la ciudad, sumado esto al tipo de liderazgo que privilegia el corto plazo y la pesca en río revuelto. Aquí varios candidatos en campaña encontraron un ambiente favorable para despotricar contra el impopular alcalde y buscar formas de seguir legitimando su oposición al proyecto que les venció en democracia. Flaco favor nos hacen al oponerse a las obras estratégicas, pues al final se atenta contra el bienestar de todos.

 En resumen, qué bueno que existan mecanismos de control y veeduría ciudadana. Y qué bueno cuando los organismos del poder judicial y los actores políticos son aliados del interés general. Este no ha sido el caso para las decisiones que sustentan la suspensión de la licitación de TransMilenio por la Séptima.

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