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Opinión

  • | 2019/05/06 00:00

    Seis meses para definir el futuro de la protección animal

    A diferencia de la redacción anterior, difusa y errática, el artículo 323 del PND menciona varios de los asuntos que debe incluir la política. Entre otros: bienestar de animales de granja, protección de animales en condición de calle, educación en tenencia responsable de animales de compañía, y política de esterilización.

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Este es el plazo que tendrá el Gobierno nacional para formular la Política de protección y bienestar de animales domésticos y silvestres. Así quedó establecido en el artículo 323 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, donde se le asigna al Ministerio de Ambiente la función de liderar la construcción del documento, con participación de otros ministerios y del DNP. El plan anterior (2014-2018) también mandaba formular esta política, pero el Gobierno pasó de agache. Esta vez hay más posibilidades de que cumpla.

Primero, porque es una orden con agenda. A diferencia de la redacción anterior, difusa y errática, el 323 menciona varios de los asuntos que debe incluir la política. Entre otros: bienestar de animales de granja, protección de animales en condición de calle, educación en tenencia responsable de animales de compañía, política de esterilización, creación de centros territoriales de bienestar animal, rehabilitación y asistencia de fauna doméstica y silvestre, sustitución progresiva de vehículos de tracción animal y fortalecimiento de la acción institucional frente a los delitos contra los animales. Esto evitará que los redactores de la política excluyan temas arbitrariamente o dilaten su formulación valiéndose de la imprecisión del texto.

Segundo, porque le asigna un doliente a la política. Aunque a algunos no les guste que sea MinAmbiente, este es el ministerio que normativa y misionalmente más se acerca al tema. Las razones las expuse en un columna anterior titulada ‘Minambiente, el competente, cuando apenas empezaba la discusión del plan. En cambio, proteger a los animales no es un asunto sanitario, como para asignarle la competencia al Ministerio de Salud. Mucho menos equivale a su explotación alimentaria, como para dejarla en cabeza del Ministerio de Agricultura. Estas carteras, junto a otras, tendrán que participar activamente, al igual que los sectores sociales y grupos de interés. Pero el liderazgo lo tendrá quien más pueda aproximarse a una mirada de protección.

Además, tampoco es cuestión de crear más burocracia. Una representante a la Cámara de Cambio Radical y militante de la Misión Carismática Internacional (institución que, según las investigaciones de Ariel Ávila, viene diezmando los recursos de los animales en Bogotá), proponía crear el Instituto Nacional de Protección Animal. Por fortuna, la propuesta fue desestimada, aunque el riesgo persiste en un proyecto de ley. Los animales no necesitan edificios ostentosos que solo generan gastos de funcionamiento, ni nóminas millonarias de contratistas, como ocurre en la capital. Necesitan una política bien planteada, recursos suficientes para inversión directa y una buena coordinación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales.

Finalmente, porque le da al Ministerio de Ambiente un tiempo perentorio para formular la política: seis meses contados a partir de la expedición de la ley.

Evidentemente, los retos son enormes: no hay cifras ni líneas de base, los recursos son insuficientes, la voluntad política en este tema siempre ha sido escasa, hay más desacuerdos que consensos sobre cómo deberían ser resueltos algunos conflictos –especialmente entre sectores agrícolas y ambientalistas– y es una materia nueva en la agenda nacional.

Pero también hay elementos a favor: el diagnóstico inicial que construyó el DNP sobre algunos problemas, la vigorosidad y el empirismo del movimiento animalista en los territorios, las buenas prácticas de Medellín y de otras ciudades en temas concretos, el reciente acercamiento al bienestar animal por parte de sectores históricamente alejados como el agropecuario y, por supuesto, la penetración que vienen ganando los reclamos de protección animal en la conciencia ciudadana.

La mayor amenaza es, sin duda, que la política se clientelice o que no destinen recursos para conformar un equipo de trabajo de calidad. También, que no se implemente y sea otra política más de las que dormitan en libros bellamente impresos. Pero por algo hemos de empezar. El proceso de escribir la política nos ayudará a ponernos de acuerdo.

*PhD Derecho de la Universidad de los Andes. Vocera en Colombia de AnimaNaturalis Internacional - @andreanimalidad

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