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Opinión

  • | 2019/04/04 00:40

    Ni mingas por la vida ni acuerdos para los paros

    Paro indígena para obtener beneficios estatales. Constitución estableció circunscripciones, jurisdicción, territorios y consultas previas indígenas. 18 por ciento de la población tiene el 35 por ciento de las tierras del Cauca. Protesta social siempre en forma pacífica. Autoridades no se pueden prestar a macabra estrategia. No tienen validez acuerdos firmados bajo presión al borde de una carretera. Las pretensiones de los pueblos indígenas deben tener límite. Sólo valen canales institucionales.

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Más de 20 días lleva el bloqueo a la vía Panamericana por la Minga por la Vida, un eufemismo, pues se trata de un paro indígena para utilizar las vías de hecho y la fuerza con la finalidad de obtener beneficios y prebendas estatales.

La Constitución de 1991 reconoció la diversidad étnica y cultural, así como las lenguas y dialectos de los grupos étnicos. Estableció una circunscripción indígena para elegir dos senadores; más tarde, una reforma, estableció otra circunscripción indígena para un representante a la Cámara. Reconoció la jurisdicción y los territorios indígenas, estos últimos beneficiarios del Sistema General de Participaciones. Dispuso las consultas previas en caso de explotación de recursos naturales no renovables en sus territorios.

Según el Cric, el área del territorio indígena en el Cauca asciende a 5.312 km2, la población indígena es de 190.069 habitantes y tienen 84 resguardos. Todo lo anterior equivaldría a que algo menos del 15 por ciento de la población tiene algo más de 18% del territorio departamental y que allí están el 12 por ciento de los resguardos que existen en el país.

Las cifras cambian si se miran desde la tierra cultivable, el Cauca tiene 1.100.000 hectáreas de las cuales 384.000 serían de los indígenas, casi un 35 por ciento. Entonces el 18 por ciento de la población tendría el 35 por ciento de las áreas productivas. Ahora, reclaman 41.000 hectáreas adicionales, o sea aspiran a tener el 38 por ciento de las tierras, lo que resulta desproporcionado si se contrasta con los derechos de otro 82 por ciento de la población.

Más allá de la discusión de los supuestos derechos ancestrales de los pueblos indígenas, está la manera ilícita de la reclamación y la forma errónea en que los gobiernos “acuerdan”, al calor de las refriegas de mingas y paros, supuestas soluciones.

Es cierto, que en virtud del acuerdo con las Farc se consideró la protesta social como una forma de participación ciudadana que debía gozar de garantías, pero siempre que se ejerciera en forma pacífica. Ahora, con el pretexto de la protesta se bloquea la vía Panamericana, se afectan los derechos de otros de locomoción, tránsito, abastecimiento, se causan ingentes pérdidas económicas y bajo el chantaje se solicita la presencia del presidente de la república. Las autoridades no se pueden prestar a esa macabra estrategia, si bien el diálogo ofrece alternativas de solución, al final se debe imponer el Estado de derecho, mediante la persuasión o la coacción.

No tiene validez un acuerdo firmado por el Gobierno y unos manifestantes al borde de una carretera, bajo la presión de las vías de hecho, sin las formas ni los procedimientos para comprometer válidamente al Estado. Se equivocan los gobiernos al pretender solucionar las protesta eligiendo el camino expedito del compromiso improvisado. Se requieren decisiones de fondo: Las pretensiones de los pueblos indígenas deben tener un límite y sus protestas no pueden violentar a sus conciudadanos sin las repercusiones legales correspondientes.

Se equivocan los guerrilleros reinsertados, recientes y de antaño, que acuden a la vieja formula de que todos los medios de lucha valen para alcanzar un propósito. Solo valen los canales institucionales, la representación política y el ejercicio de los derechos, que se les han concedido.

En fin, sin más eufemismos, ni mingas por la vida ni acuerdos para los paros.

*Abogado Constitucionalista.

 

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