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Opinión

  • | 2019/08/12 17:13

    Los “colombian papers”

    El cálculo preliminar va en 2.3 billones de pesos, pero los investigadores creen que cuando terminen de analizar las facturas vendidas a las 1970 empresas que usaron este canal criminal, esta cifra puede duplicarse o triplicarse.

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Hay dos maneras de robarle al Estado, la primera consiste en esperar que este cobre impuestos y después feriárselos con contratos y cargos públicos. La segunda es más básica, y consiste en no dejar que los capitales privados le tributen a la DIAN, usando los laberintos de la elusión y la evasión fiscal. Tengo la impresión que los primeros casos reciben más atención (Odebrecht, Los Nule, Reficar, los Moreno Rojas, etc, etc, etc), pero que quienes realmente se quedan con el grueso del botín son los segundos y casi nunca se habla de ellos. 

Tras varios meses de seguimientos, interceptaciones y análisis forense contable, la Policía Fiscal y Aduanera y la Unidad Antilavado de la Fiscalía dieron un gran golpe la semana pasada con la captura de Olga Lucía Díaz y sus siete colaboradores (que incluían contadores, abogados tributarios, y varios parientes). La gran recompensa al esfuerzo judicial llegó con el hallazgo en una bodega en el barrio Ricaurte de Bogotá, donde tenían torres y torres de papel con decenas de miles de copias de facturas falsas, todo un mar de evidencia de cómo se le vendían a “respetadísimas” empresas del sector de ferreterías y construcción, facturas ficticias para deducir sus IVAs de manera ilegal. 

El cálculo preliminar va en 2.3 billones de pesos, pero los investigadores creen que cuando terminen de analizar las facturas vendidas a las 1970 empresas que usaron este canal criminal, esta cifra puede duplicarse o triplicarse. Para dar una idea de magnitud, una sola de estas empresas que estaba dedicada al alquiler de formaletas y equipos, se embolsillo por la vía de cobrarle IVA a sus clientes y no pagarlo a la DIAN, más de 40 mil millones de pesos en solo tres años. 

Según se develó en la audiencia de imputación de cargos, la red usaba una modalidad bastante sencilla y operaba cambiando de fachadas desde el 2005 (es decir, 14 años robando a manos llenas). Para lograr esa continuidad tuvo varios padrinos en la DIAN que les cobraban 50 millones de pesos por no realizar las visitas de inspección. Con los años cuando las fachadas tambaleaban por las inminentes resoluciones de proveedor ficticio, creaban nuevas SAS, trasladaban la bodega y continuaban vendiendo facturas falsas, y todos muertos de la erre. 

Abro paréntesis: Este caso le da toda la razón a Juan Ricardo Ortega quien en varias oportunidades ha manifestado que es inaudito para un país como Colombia ahogado por el lavado de activos y la evasión tributaria, que no tenga un registro unificado de propiedad de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) y no se pueda saberse quiénes son los verdaderos dueños de las empresas y los activos de las más de medio millón de SAS creadas en la última década (98% de las empresas que se crean en Colombia son SAS, a razón de seis mil al mes). Cierro paréntesis.

Por cada factura la red de “La Patrona” cobraba entre el 3,5% y el 12% del valor facturado, se tenían tanta confianza las empresas evasoras, que empezaron a solicitar devoluciones del IVA con base en la facturación falsa, es decir, no solo no pagaban el IVA que recibían, sino que además querían robarse el IVA de los demás. Así de fácil fue que ocho gatos lograron evadir el equivalente a una reforma tributaria.

Por esa avaricia de robar por punta y punta fue que se cayeron, para que quede clarísimo y como lección aprendida, no fueron los cruces de información de la DIAN, ni las investigaciones exhaustivas de la UIAF, ni los ROS de los bancos, ni por el Sarlaft, ni gracias a ninguno otro sistema de controles, que se pudo frenar a esta lucrativa organización criminal. Esta red se cayó por una denuncia anónima a la línea de transparencia, y desde allí los investigadores jalaron la pita hasta encontrarse con esta mega estructura criminal.  

El Director de la Polfa, el General Juan Carlos Buitrago, calificó este hallazgo como los “Colombian Papers”, y tiene toda la razón, son más de 50 teras de información contable de una red criminal que operó durante tres lustros y para cerca de dos mil clientes entre empresas y personas naturales. 

Estamos ante la punta de un iceberg criminal de desconocidas proporciones. Para analizar y judicializar esta información se requiere de un compromiso de largo aliento del presidente de la República y del fiscal general, que requiere crear equipos de trabajo estables y de dedicación exclusiva, contar con mejor tecnología y disponer de la capacidad judicial suficiente para emprender las acciones de extinción de dominio y acusaciones penales. Este puede ser el inicio de la operación de inteligencia financiera más importante en nuestra historia. 

Felicitaciones a los oficiales de la Polfa y el equipo de fiscales que lograron este hito, da esperanzas imaginarse lo que en este país se podría lograr si los delitos financieros se tomaran más en serio a la hora de distribuir el presupuesto judicial.

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