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Opinión

  • | 2019/03/06 04:30

    Política y religión: el candidato Miguel Uribe

    Esta secta llamada MCI, Misión Carismática Internacional, no es primeriza en la combinación de religión y política, tampoco lo ha dejado de hacer, a pesar del revuelo que causó la anterior columna.

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Hace algunas semanas escribí una columna denunciando cómo una secta religiosa tiene el control de una institución del distrito de Bogotá y desde allí direcciona contratos, contratan familiares y, sobre todo, quien no pertenece a esa secta, no tiene posibilidades de trabajar allí. Esa institución está llena de personas que no tienen la experiencia y conocimiento para atender su objeto de contrato. Pero bueno, todo sea por los votos.

Esta secta llamada MCI, Misión Carismática Internacional, no es primeriza en la combinación de religión y política, tampoco lo ha dejado de hacer, a pesar del revuelo que causó la anterior columna. En gran parte, porque los entes de control, como la Contraloría de Bogotá, uno de los órganos más cuestionados y politizados en el país, no hace nada. No debe olvidarse que el señor contralor Juan Carlos Granados es militante abierto de Cambio Radical, uno de los partidos de la coalición de gobierno de Peñalosa, además, Granados está envuelto en el escándalo de Odebrecht, y a pesar de todo se mantiene en su cargo.

Durante la última semana de febrero, en los ritos en la iglesia MCI, se pasaron videos y listados para recolectar firmas para la candidatura de Miguel Uribe. A continuación, se muestra el formato que se le está entregando a los seguidores de la secta y a algunos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, sobre todo los que son cuotas de Cambio Radical.

Según las más de 20 denuncias recibidas por la Fundación Paz y Reconciliación, a varios contratistas les obligan a recoger 40 firmas, de no ser así, no se les prorroga el contrato. Igualmente, a los feligreses de MCI, secta que controla el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se les ha dicho por parte del “líder” o pastor, que la iglesia debía tomar posición política y que, en este caso, Miguel Uribe, era un joven que le convenía mucho a la ciudad por la gestión que hizo junto a Peñalosa. Al parecer, la secta quiere seguir teniendo esta institución como botín político y recaudar centenares de millones vía el diezmo.

Pero esta combinación entre política y religión no es nueva en la región latinoamericana, si bien en Colombia parece novedosa, lo cierto es que es un modelo que se ha utilizado en países como Brasil. Dicho modelo se basa en cuatro cosas: 1. Crear una división, una frontera casi igual a la de la vida y la muerte, entre los miembros de la secta y los que no profesan el mismo culto. De tal forma que a los que piensan diferente, los tratan de locos, libertinos y mundanos. 2. Solo se ayudan entre ellos, es decir, una vez llegan a un cargo directivo solo contratan los miembros de la secta, eso de la meritocracia y la libertad de culto, derechos básicos de cualquier democracia, no va con ellos. 3.  Explotan los principios morales de la sociedad colombiana, odian las minorías sexuales, los derechos de la mujer, no les gusta el proceso de paz, en fin, explotan lo más profundo de la moral conservadora para ganar adeptos. 4. Realizan un proceso de homogenización política: no se puede pensar diferente, se hace lo que diga el pastor, es decir vuelven a los seres humanos como zombis, les quitan su capacidad de crítica social.

MCI aprendió todo lo anterior de las sectas de Brasil, bastante exitosas en este modelo. Aquí vemos a la directora del IDPYBA, Clara Lucia Sandoval, a su esposo y pastor de MCI y al presidente Bolsonaro de Brasil, quien ganó gracias a las estrategias de odio y apoyado en estas sectas radicales.   

Todo sea por el legado de Peñalosa.

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