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Opinión

  • | 2019/08/28 10:09

    Control Fiscal

    Contralor propone reforma a control fiscal. Control preventivo incidiría en la administración e implicaría prejuzgamiento de control posterior. Invadiría autonomía territorial. Limitaría aún más las reservas legales y los secretos profesionales y empresariales. Establecería términos a jueces para que resuelvan primero los asuntos del control fiscal.

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El Contralor General de la República presentó un proyecto de reforma constitucional que modifica distintos aspectos de control fiscal, inicialmente proponía que dicho control tuviera naturaleza judicial, aspecto que fue modificado durante el trámite del proyecto. Sin embargo, persisten otros temas que resultan preocupantes e inconvenientes.

Uno de los puntos de mayor controversia es la propuesta de establecer un control fiscal preventivo y concomitante, en lugar de mantener la decisión original del constituyente de que sea solo posterior y selectivo, pues las experiencias anteriores demostraron que los controles previos eran propensos a la corrupción. Se sostiene que el control preventivo no sería vinculante y no se constituiría en coadministración, aunque de todas formas incidiría en la administración e implicaría un prejuzgamiento para el control posterior. Así las cosas, se trata de una propuesta inconveniente.

 Otro aspecto es la ampliación del control fiscal a todos los niveles de la administración, en forma preferente, con lo cual invadiría la órbita de la autonomía territorial y convertiría las contralorías departamentales y municipales en entidades desplazables, por conceptos tan discutibles como posibles faltas de imparcialidad.

 De otro lado, propone que no sea oponible la reserva legal a la investigación fiscal, con lo cual se limitan aún más las garantías constitucionales del derecho a la intimidad, los secretos profesionales y empresariales.

 Además, pretende establecer el término de un año para que la jurisdicción administrativa se pronuncie sobre las decisiones de control fiscal, como si los problemas de congestión judicial se resolvieran colocando términos y dando trámite preferencial a un órgano público, vulnerando el derecho a la igualdad de los demás en el acceso a la justicia. En la misma línea, propone que el cobro coactivo de sanciones fiscales tenga prelación, desconociendo la larga experiencia de la ley en la materia.

 También propone revivir la muy cuestionada formula de “verdad sabida y buena fe guardada” para suspender a funcionarios públicos, con lo cual vulnera el derecho de defensa y el debido proceso de los afectados.

 Retomaría algo que se consignó en la ley de financiamiento, que se encuentra en estudio en la Corte Constitucional, consistente en que en ciertos casos la DIAN ejerza la acción penal, en este caso la Contraloría, con lo cual rompe la separación de poderes y concentra funciones de control y judiciales.

 Restablecería el control de advertencia, otra forma de control previo, que proscribió el constituyente de 1991 y que la Corte Constitucional declaró inexequible cuando el legislador lo estableció.

 Ahora bien, la propuesta se presenta como un trabajo concertado del Contralor con los sindicatos del organismos, lo cual explica que se proponga equiparar las asignaciones de los servidores con otros organismos de control, lo que significa un impacto fiscal a la difícil situación de las finanzas del Estado. A lo anterior, se suma la necesidad de ampliar la burocracia y comprometer recursos durante las próximas vigencias fiscales para aumentar el presupuesto de la Contraloría.

 En conclusión, la propuesta de reforma es preocupante e inconveniente, pues con el propósito de atacar la corrupción, concentra poderes, reduce garantías constitucionales, merma la autonomía de las entidades territoriales, aumenta la burocracia, incrementa los salarios de los servidores del organismos y restablece formulas que en el pasado probaron ser espacios propicios para la corrupción.

 En fin, no conviene que el jefe de un órgano de control, que no tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución, patrocine propuestas de su particular concepción de la función que le corresponde ejercer.

 

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