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Opinión

  • | 2019/05/02 00:41

    Mayorías absolutas o relativas

    El presidente debe sancionar proyecto si objeciones son negadas por mayorías absolutas. Quórum es diferente a mayoría. Para quórum no se consideran sillas vacías ni impedimentos aceptados. La discusión sobre mayoría absoluta viene desde archivo de 16 circunscripciones.

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El Presidente de la República debe sancionar el proyecto de ley estatutaria de Jurisdicción Especial de Paz que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra cámara, esto es, por mayoría absoluta. En caso contrario, no está obligado a ponerlo en vigencia, al menos con los seis artículos objetados.

Una cosa diferente es el quórum, pues se requiere una cuarta parte de los miembros de la respectiva célula legislativa para deliberar y la asistencia de la mayoría de sus integrantes para decidir.

Mediante una reforma constitucional de 2015, se estableció que para efectos de establecer el quórum se tendría la totalidad de los integrantes de la corporación, excepto las curules que no se pueden reemplazar, las llamadas sillas vacías, y los impedimentos o recusaciones aceptadas.

El entonces Ministro del Interior, Guillermo Rivera, con ocasión del archivo del Acto Legislativo que creaba las 16 circunscripciones electorales acordadas con las Farc, sostuvo que se habrían aprobado si se excluían las sillas vacías y los impedidos, por lo cual presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la comunicación del Presidente del Senado que reiteraba el archivo y ahora pretende que se declare indirectamente la nulidad de la votación, que es competencia constitucional y no de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa.

Curiosamente, la Corte Constitucional, en la sentencia que revisó el proyecto de ley estatutaria de la JEP, en concordancia con un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, adopta la interpretación de establecer la mayoría absoluta en armonía con el quórum, esto es, excluyendo las sillas vacías y los impedimentos aceptados, sin que fuera un asunto relevante en esta revisión, convirtiendo lo absoluto en relativo y desconociendo que existen disposiciones especiales en relación con las mayorías.

Así las cosas, la suerte de las objeciones presidenciales del proyecto de ley estatutaria de la JEP está unida al debate sobre el archivo de las 16 circunscripciones electorales acordadas con las Farc, en cuanto a la determinación de las mayorías absolutas en el Congreso, aunque resulta altamente cuestionable que el Consejo de Estado decida el punto.

Finalmente, será la Corte Constitucional, de acuerdo con sus consideraciones anteriores, quien definirá si se obtuvo o no la mayoría absoluta en la negativa de las objeciones y si el Presidente debe o no sancionar el proyecto de ley estatutaria, en virtud de la discutible providencia en que respondió al Presidente de la Cámara de Representantes si se debían o no tramitar las objeciones, pues decidiría sobre el archivo, lo cual no tiene precedente.

Debo insistir en que la profunda división política alrededor de la implementación del acuerdo con las Farc se ha trasladado al campo jurídico y ha contribuido a que algunos magistrados adopten interpretaciones novedosas o activistas, tomando partido en el debate político, con lo cual afectan la división de poderes que es una de las mayores conquistas del Estado moderno. Mantener a los jueces al margen de las contiendas políticas es la mejor garantía para el correcto desempeño de las instituciones.

Por lo anterior, conviene reiterar la importancia de un acuerdo nacional en torno a la implementación del acuerdo con las Farc y en preservar la institucionalidad sin convertir lo absoluto en relativo y sin convertir a los jueces administrativos en constitucionales.

 

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