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Opinión

  • | 2018/07/18 11:20

    ¿Ley para que no haya sometimiento a la justicia?

    En cualquier sociedad civilizada se persiguen algunos valores esenciales como el de vivir en paz, en libertad, en seguridad sin perjuicio de ser y pensar diferente.

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Creo que en razón de estos valores el presidente Álvaro Uribe logró una “negociación” con las AUC—el llamado Acuerdo de Santa Fe de Ralito-, cuyo propósito era “el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado". Dicho acuerdo le puso punto final a las innumerables masacres y horribles asesinatos cometidos por esas organizaciones terroristas.

La Ley 975/2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, previó para los integrantes de esas organizaciones paramilitares condenas privativas de la libertad de 5 a 8 años. Obviamente no se trataba de hacer justicia sino de salvar vidas hacia el futuro mediante ese acuerdo de paz.  

El presidente Juan Manuel Santos, mediante la firma de la paz con las Farc, le ha puesto punto final a la muerte de innumerables campesinos vestidos unos de soldados y otros de guerrilleros, en medio de una feroz oposición del Centro Democrático. Son muchas, sin embargo, las vidas que se han salvado, y muchas las posibilidades de progreso económico y social que se le abren al país. Colombia le agradecerá más temprano que tarde el noble esfuerzo que ha hecho en medio de las más difíciles circunstancias para sacarnos de la confrontación armada con las Farc.  

Para derrotar la violencia y la muerte es necesario hacer la paz con todos los actores armados pues ella es, como todo el mundo lo sabe, indivisible. No es fácil, sin embargo, ser optimista sobre el futuro de las conversaciones que con el ELN tienen lugar en La Habana. No han podido ponerse de acuerdo en un cese bilateral de fuegos y de hostilidades que ahorre, de un lado, vidas, y de otro,  atentados a nuestra infraestructura. Si no se disparan balas y nadie cae muerto o herido, si no hay voladuras de oleoductos ni de torres eléctricas, ni secuestros ni extorsiones ¿qué importancia tiene el tiempo que duren las negociaciones?

Pero, sobre esas negociaciones pende una espada de Damocles si el presidente Duque insiste en “que haya concentración previa”. Dijo el candidato: “Mi oferta al ELN es muy clara: ¿quieren desmovilización, desarme y reinserción? Bienvenidos, pero con concentración previa, supervisión internacional y suspensión de todas las actividades criminales y terroristas” ¿Es el anuncio de “un gobierno de guerra”? Ojalá que ya sentado en la silla de Bolívar cambie estos ímpetus por “un gobierno de diálogo”, a pesar de haber anunciado que si el ELN no cumple con sus condiciones “Se actuará con toda la capacidad ofensiva y contundencia de las Fuerzas Militares”. (El Tiempo, 13 mayo de 2018, p.1.6)    

Menos optimistas somos respecto del sometimiento a la justicia de las bandas de delincuencia común llamadas bacrims. Me parece que el decreto 1908 /18 por el cual se adoptan “medidas para su sujeción a la justicia”, son poco seductoras para el resultado que se quiere.  

El Decreto 3030 de 1990 de la administración Gaviria que tenía por objeto el sometimiento de bandas criminales de narcotraficantes a la justicia preveía, por ejemplo, rebajas de penas, no extradición y libertad inmediata para quienes únicamente hubieren cometido el delito de porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

En contraste, la Ley 1908/2018 con el ánimo de “combatir las organizaciones criminales” incrementa las penas de varios delitos. Por ejemplo, el concierto para delinquir tiene ahora prisión de 48 a 108 meses cuando lo establecido en el Código Penal era de 36 a 72. Y el artículo 58 dice sobre la extradición: “En ningún caso, la sujeción a la justicia de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley impedirá la extradición de los miembros de los Grupos Armados Organizados”.

Es decir, se les prometen innumerables años de prisión en Colombia y de ñapa la extradición. Y como todo lo que implique silenciar los fusiles en Colombia dispara en la mayoría de los colombianos un reflejo condicionado en contra, se habla en los medios de comunicación de “beneficios” para ellos, cuando sólo podría considerarse como tal el que cumplan sus penas en granjas agrícolas como las de Acacías, a falta de cupos en las cárceles.

Preguntado el general Óscar Naranjo si ya había “una fecha establecida para la entrega de alias Otoniel, respondió: No, no todavía” (El Espectador, 15 julio de 2018) ¿La habrá en el futuro en las condiciones de este decreto? ¿Y qué respecto de las otras bacrims?

Mientras tanto, la revista SEMANA nos informa de un plan para, bajo el liderazgo de alias Gentil Duarte, organizar unas nuevas Farc que ya contaría con cuatro mil hombres sobre las armas y tendrían como meta llegar a ocho mil en 2019. Dios quiera que, como dijo el presidente Santos  el lunes pasado en diálogo con María Jimena Duzán, ahora amenazada por las fuerzas más oscuras de la criminalidad de este país, la revista SEMANA esté equivocada y que realmente no haya más de 1.200 hombres en las llamadas “disidencias” de las Farc.

Pero la oposición que ha tenido el Proceso de Paz, la extradición de Santrich, los agravios sistemáticos del Centro Democrático a los desmovilizados, el avance paquidérmico de la implementación de los acuerdos y las reformas que a estos se propone efectuar el Centro Democrático, pueden terminar reviviendo la violencia que ya creíamos sepultada para siempre. Informa la revista SEMANA: “Los congresistas Paola Holguín, Álvaro Hernán Prada y Paloma Valencia, anunciaron que buscarán firmas para, vía referendo, desmontar la JEP, el blindaje constitucional de los acuerdos de paz y la participación política de los líderes de las Farc”. (Edición n.° 1889)

Si el presidente Duque los apoya, terminarán tirando a la caneca de la basura los acuerdos pero probablemente también tendrán para desgracia de todos la “refundación” de las Farc.

Añadido: “Cuando la política ya no es una misión, sino una profesión, los políticos sirven más a sus propios intereses que a los públicos”. (Emmanuel Macron)

Constituyente 91*

Julio 18 de 2018       

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