Marco Gutiérrez

La paz necesita instituciones fuertes, robustas y sólidas en el contexto de la institucionalidad.

El procurador general de la nación Fernando Carrillo Flórez, como hace 28 años, vuelve a salvar la institucionalidad por encima de lo que pueda representar la paz para el país, porque muy a pesar del acuerdo, él mismo no admite tratamientos especiales que se salgan de su redil.

El tema de las visas es cuestión de la relación entre ricos y pobres que se refleja en todos los escenarios de la vida de los seres humanos y a cualquier nivel.

Presidente Duque aliste la pluma para sancionar la ley estatutaria y que este intento fallido de las objeciones le sirva de impulso para apoyar la paz, la paz de todos, no la guerra de pocos.

El reflejo de la violencia no puede sobreponerse sobre los valores y símbolos de nuestra patria. Destruir la estatua de Bolívar en la plaza, atacar la Catedral Primada, fustigar a la Corte Constitucional y ejecutar los desmanes que los manifestantes protagonizaron la semana pasada, se sale de todo contexto social y jurídico.

Luchemos todos por la paz y por el inicio de nuevos procesos para la convivencia tranquila en un espacio en el que quepamos todos, sin distingos, sin diferencias irreconciliables, sin rencores, al unísono de un grito de paz y un abrazo fraternal en procura del bienestar general. Así lo reza nuestra Constitución.

Definitivamente son varias las vagabunderías que este país ha institucionalizado y que los colombianos seguimos aceptando, entre ellas, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

No se trata de definir quién gana o quién pierde en el debate político sobre las controversias de inconveniencia, las que para unos son de inconstitucionalidad, sino de preponderar los valores supremos como la paz, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.

La Constitución Política de Colombia incrustó en la esencia de los entes territoriales un principio sagrado que les permite desarrollarse en forma autónoma, pero coordinada entre sus pares para sacar los mejores dividendos comunes a los ciudadanos que los habitan.

La diversa normatividad sobre inhabilidades e incompatibilidades que se les aplica a los candidatos que se someterán al escrutinio de los ciudadanos en las próximas elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, junto con la jurisprudencia de las altas corporaciones y los conceptos de las autoridades y doctrinantes, produce un caos de ideas oscuras sin luz que ilumine el asunto.