Magistrados

Ariel Salazar, el jurista que dejará la Corte Suprema el próximo 27 de febrero, cuestiona el pacto de la Sala Penal para definir los nombres de quienes ocuparán las vacantes. Ese pacto ayudó a destrabar la elección de fiscal general.

La Fiscalía citó a William Rojas Mazo, representante legal de la firma, a imputación y medida de aseguramiento. El implicado admitió su responsabilidad en cohecho. Al togado, Carlos Alberto Vargas, le dictaron detención domiciliaria, pero se desconoce su paradero.

El 27 de febrero podría ser un día negro si continúan bloqueados los nombramientos. Algunos dicen que vendría una hecatombe.

A través de un comunicado, la entidad asegura que desactivaron esta instalación antes de desocupar el edificio. El acuerdo de arrendamiento -dicen- los obligaba a dejar el mobiliario, equipamiento y cableado existente en su momento.

El aparato fue ubicado sobre la oficina de un magistrado auxiliar, a tan solo unos pasos del escritorio de su jefe, el magistrado César Reyes. El hallazgo será inspeccionado por Policía Judicial de la Corte. La Rama Judicial afirma que Compensar, los antiguos ocupantes del edificio, habían instalado el sistema de videoconferencia.

La demanda de nulidad por inconstitucionalidad, por falta de convocatoria pública, de la elección de seis magistrados de la Corte Constitucional habría sido presentada fuera de término y desconociendo el efecto útil de las disposiciones superiores.

El respetado jurista, que se desempeñó como magistrado y presidente de la Corte Constitucional, murió este jueves a los 79 años. Es recordado como una de las más brillantes conciencias jurídicas del país.

El magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo explica el confuso fallo que aviva el derecho de revisión para sentencias condenatorias emitidas por primera vez luego del 24 de abril de 2016, que obligaría a la Corte Suprema a reabrir expedientes que creía cerrados.

Después de tres días de que estallara el escándalo, la Presidencia de la República emitió un escueto comunicado sobre el caso de las visas retiradas a magistrados. En el texto, Duque reivindica la autonomía de los poderes públicos sin defender a los togados ni cuestionar la actitud de Estados Unidos.

Marta Lucía Ramírez es la primera funcionaria del gobierno que se refirió a la decisión de las autoridades diplomáticas de Estados Unidos que les revocaron la visa a dos magistrados de la Corte Constitucional y uno de la Corte Suprema de Justicia.