Columna de opinión Yezid Arteta Dávila

Los narcos, amancebados con los operadores políticos, consiguieron que en México y Colombia el crimen sea admitido social y culturalmente. El saqueo de las arcas publicas, la evasión de impuestos o el asesinato de líderes sociales son vistos con normalidad

Un cortador de caña en el Valle del Cauca, un limpiavidrios, un electricista, un policía, un empleado de banco o un vaquero de un hato ganadero de Córdoba serán pobres hasta su muerte. Igual suerte correrá su familia.

Los mandatarios locales de todas las agrupaciones políticas colombianas reciben a una fuerza policial entrenada, educada y dirigida por otros. Son meros convidados de piedra.

César Gaviria, Andrés Pastrana, Vargas Lleras y un largo etcétera de operadores políticos tachados por las protestas metropolitanas han ingresado al Palacio de Nariño con las cañas de pescar.

Es un disparate que la apátrida extrema derecha colombiana quiera sofocar el descontento nacional con las armas de la República.

El poder tiene un problema: los aduladores. Algo se estaba moviendo. Eso que se estaba moviendo no se podía resolver con simple retórica, cooptación y coerción.

La pugna entre Claudia López y Gustavo Petro por la alcaldía de Bogotá reactivó a los fanáticos de ambos lados. El oficialismo encajó un durísimo puñetazo, pero aún tiene garras y colmillos.

Al mundo real, es decir, a la mayoría social del país pareciera tenerle sin cuidado lo que dijo Uribe ante la corte o el nuevo episodio de la serie sobre el metro de Bogotá.

El problema de fondo tiene que ver con la manera en que el sistema colombiano trata a sus corruptos.

A la vertiente del capitalismo de sangre que impera en varios departamentos y municipios de Colombia se le quiere juntar la vertiente capitalista del sudor y las lágrimas.