Exsecretario de la UNP será procesado en ausencia

Uno de los presuntos máximos responsables del escándalo por malos manejos financieros y administrativos en la Unidad Nacional de Protección (UNP), el exsecretario general Julián Marulanda, será procesado en ausencia (contumacia) según señaló la Fiscalía este martes.

El exfuncionario, según el ente acusador, sería el responsable de los sobrecostos generados en la facturación y sería también el líder de la red que operaba en la entidad y que favorecía a contratistas a cambio de coimas.

Una vez Marulanda se enteró del proceso que corrían en su contra por los delitos de concusión, cohecho, peculado y concierto para delinquir, salió del país el 25 de agosto del 2014 rumbo a Miami. Así lo certificó en ese momento Migración Colombia.

La Fiscalía estudia diversas instancias jurídicas para que se expida una circular roja de Interpol contra el exfuncionario, con la que se podría ordenar su detención y su extradición a Colombia. A la fecha, por lo pronto, ya tiene una circular azul emitida por esta entidad.

En qué va el proceso

Para el ente investigador, la participación de Marulanda es clara. Una de las pruebas que tienen contra él es el registro de los ingresos económicos muy superiores a su salario.

“Marulanda tenía una designación de más o menos 8.000 millones de pesos anuales para contratar y de estas operaciones se desprenden las acusaciones en su contra por la mala facturación que realizó mientras se desempeñó como secretario general de la Unidad Nacional de Protección”, reveló la Fiscalía a este portal.

Aunque no se responsabiliza a Marulanda de todo el presunto detrimento patrimonial de la entidad, la Fiscalía asegura tener las pruebas para acusarlo de por lo menos uno de ellos. El funcionario ha pedido en dos ocasiones ser llamado a imputación de cargos para resolver su situación jurídica. Aun así, ha dejado claro que no regresará al país.

El exsecretario afirmó tener las pruebas que lo exoneran de cada una de las acusaciones y que él sólo es víctima de un montaje, “una de las contrataciones de las que me acusan se hacía con cargo al director de la entidad (era quien aprobaba) y las otras las hacía una abogada y yo no tuve participación”, dijo.
 
Sostiene que la investigación en su contra es una cortina de humo. A su juicio, se hizo para desviar la polémica que se generó por la muerte del periodista Luis Carlos Cervantes, a quien la UNP le había retirado el esquema de seguridad.