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| 4/24/2019 4:39:00 PM

Investigarán al alcalde de Cartago por concesión de alumbrado público

Al gobernante valluno Carlos Andrés Londoño y tres funcionarios de su administración, la Procuraduría les abrió un proceso preliminar por las presuntas irregularidades detectadas en esa millonaria contratación.

Procuraduría investigará al alcalde de Cartago, Valle por polémica concesión de alumbrado público Carlos Andrés Londoño Zabala, actual alcalde de Cartago, Valle, es investigado por la Procuraduría. Foto: Cortesía y Luis Ángel Murcia / Semana

Carlos Andrés Londoño Zabala, alcalde de Cartago, Valle, ha sido un mandatario con suerte. Llegó a ese cargo por accidente; salió ileso de un escándalo de corrupción por irregularidades en la contratación de los desayunos escolares que tienen en casa por cárcel a su mamá, pese a esto, buena parte de los cartagüeños reconocen que su gestión ha sido buena.

Desde su incursión en la política, este gobernante no había padecido momentos tan amargos desde el asesinato en 2015 de su hermano, el precandidato y polémico abogado de la mafia, Ignacio Londoño, más conocido como Nacho y posteriormente en 2017 la detención domiciliaria de Jesusita Zabala, su mamá y para entonces gestora social del Municipio a quien la Fiscalía acusó de esquilmar los dineros de las raciones alimenticias para los estudiantes de las escuelas y colegios públicos de la ciudad.

Pese a esos líos, Londoño Zabala logró poner su sello como mandatario y a punta de reparcheo de vías y embellecimiento de parques, se ganó el aprecio de sus gobernados, especialmente porque la ciudad venia de padecer frecuentes escándalos de corrupción que la sumieron en una interinidad administrativa con el penoso récord de sumar once alcaldes, entre titulares e interinos, en una década.

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Pero un nuevo escándalo le acaba de estallar a Londoño Zabala y esta vez corre por cuenta de una investigación preliminar que le abrió la Procuraduría por presuntas irregularidades en el contrato de concesión del alumbrado público de esa ciudad y el cual fue adjudicado por 20 años.

La medida también cobija a los secretarios Mauricio Toro (Jurídico), Melba Zapata (Hacienda) y Carlos Eduardo Llano (Planeación), quienes junto al alcalde firmaron el polémico contrato de concesión 266 de diciembre de 2018.

Desde su incursión en la política este gobernante no había padecido momentos tan amargos desde el asesinato en 2015 de su hermano, el precandidato y polémico abogado de la mafia, Ignacio Londoño, más conocido como Nacho y posteriormente en 2017 la detención domiciliaria de Jesusita Zabala, su mamá y para entonces gestora social a quien la Fiscalía acusó de esquilmar los dineros de las raciones alimenticias para los estudiantes de las escuelas y colegios públicos de la ciudad.

En esta nueva concesión, el ente de control disciplinario ya dio la orden a la procuradora provincial de Cartago para que recoja toda la información documental relacionada con ese proceso que al parecer estaría lleno de inconsistencias, denuncias de supuestas coimas y detalles que alertaron a los organismos de control.

Lo primero que llama la atención de ese proceso es que pareciera que el mismo fue hecho a la medida del único consorcio que se presentó a la puja. La razón de esa suspicacia radica en que los plazos de la convocatoria fueron muy ajustados y con fechas aparentemente por fuera del calendario oficial de la licitación.

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Sumado a ello, líderes cívicos de la ciudad denunciaron desde hace varias semanas que Ana María Ahumada Domínguez, representante legal del nuevo consorcio Alumbrado Público de Cartago SAS, es justamente la hija del dueño de Diselecsa, la empresa que hasta diciembre del año pasado operó el alumbrado durante 17 años.

“Dicho en palabras más sencillas, la plata de ese contrato salió de un bolsillo, para meterla en otro bolsillo, pero del mismo dueño”, explicó Hernando Montoya, líder cívico de Cartago.

Entre las denuncias que formularon se encuentra que el procero como tal duró apenas 33 días y en pleno diciembre, cuando los plazos normales de una licitación de esa envergadura, es de por lo menos 55 días.

Sumado a ello, los denunciantes critican que la fecha de entrega de la única oferta que participó en la puja, se hizo un día después de la fijada en el calendario oficial de la licitación. Y para rematar, en el contrato aparece que la cuantía es indeterminada.

Frente a esas denuncias y la investigación que acaba de abrir la Procuraduría, desde la oficina jurídica del municipio explicaron que se encuentran preparando un documento oficial donde responderán todas las inquietudes formuladas tanto por los entes de control como los medios de comunicación.

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No obstante, una fuente de la alcaldía que pidió omitir su nombre por no estar autorizado para pronunciarse, anticipó algunas de las explicaciones; “lo primero que debemos aclarar es que el parentesco familiar no anula un contrato y menos si se trató de una licitación”, argumentó la fuente para desvirtuar la queja en torno a que la representante legal del nuevo consorcio, es la hija del dueño de Diselecsa, la anterior firma que operó el alumbrado público.

En cuanto a los plazos, la fuente aclaró que los 55 días es el plazo máximo para desarrollar una licitación y que en el caso del alumbrado estuvieron dentro de los mínimos permitidos por la Ley. Y respecto a la denuncia en torno a la entrega extemporánea de la propuesta que ganó, “es la duda más fácil de resolver, ya que existe una adenda dentro del proceso licitatorio, que amplió ese plazo”, dijo.

Por ahora habrá que esperar si la investigación de la Procuraduría acoge esas explicaciones y concluye que en la polémica concesión del alumbrado público de Cartago, no hubo irregularidades.

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