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| 11/5/2017 10:05:00 PM

Miembros de Fuerza Armadas, ¿solo voluntarios ante la JEP?

Contrario a lo que se pactó, la ponencia que discutirá la Corte Constitucional propone que uniformados, agentes de Estado y terceros civiles vayan a la justicia especial únicamente de manera voluntaria. ¿Con qué consecuencias?

Ponencia Corte Constitucional: Fuerza Armadas deberían ser voluntarios en la JEP Miembros de Fuerza Armadas, ¿solo voluntarios ante la JEP? Foto: Archivo SEMANA

Uno de los primeros asuntos que causó revuelo nacional, que se discutió en La Habana y que quedó en el acuerdo de paz con las Farc era que todos los actores del conflicto tuvieran que rendir cuentas, en igualdad de condiciones, ante un nuevo Tribunal de Paz. No fue menos polémico que otros temas de la negociación pero quedó fijado como uno de los ejes centrales de la creación de una Justicia Especial para la Paz, que asumiría competencia para todos los hechos enmarcados en el conflicto armado.

El balance hoy de este aparte del acuerdo es bastante extenso. Hasta ahora van 1.698 miembros de la Fuerza Pública que han suscrito actas de compromiso con el Estado, de los cuales 698 han recobrado la libertad mediante la figura de condicionada. El caso que recientemente se llevó todos los titulares de prensa fue el de la salida en libertad del general (r.) Rito Alejo del Río, condenado a 25 años de prisión. 

Sin embargo, la Corte Constitucional se prepara para dar un giro en las reglas bajo las cuales funciona la Jurisdicción Especial frente a los uniformados, terceros civiles y agentes del Estado. La ponencia presentada a la Sala por el magistrado Luis Guillermo Guerrero y revelada por SEMANA propone que la comparecencia de todos los anteriores ante la JEP sea voluntaria y en ningún caso de carácter obligatorio.

¿La razón? Para el magistrado, la jurisdicción de paz, como resultado de un acuerdo entre el Gobierno y las Farc, es constitucionalmente admisible como un mecanismo para lograr la reincorporación de esa guerrilla, pero no para someter de manera forzosa a los demás actores a su jurisdicción.

Puede leer: La corte se les atravesaría a las campañas políticas de las FARC

“Una jurisdicción que sea el resultado de una negociación entre uno de los combatientes del conflicto y el Gobierno para juzgar a los mismos combatientes de las Farc, y para ser impuesta forzosamente a los demás actos de este mismo conflicto, no ofrece las garantías de imparcialidad e independencia. (…) Se trataría de una instancia diseñada a la medida de los requerimientos de una de las partes del conflicto para juzgarlos a ellos mismos y a sus contrapartes”, dice el texto.

Además de tratarse de una jurisdicción diseñada por las Farc para juzgar a su contraparte, el magistrado también cuestiona que se haya modificado con posterioridad la competencia para juzgar unos delitos cometidos en el marco del conflicto, de manera que una jurisdicción sustituyó a la otra: "Suprimió, en relación con ciertos temas, el funcionamiento de una de las ramas del Estado, cuyas competencias son transferidas a una instancia ad hoc, cuya configuración como ha se ha visto, es muy discutible, y que solo resulta admisible como presupuesto de un acuerdo de paz, en cuanto resulte aplicable a quienes la negocian y a quienes decidan acogerse a ella”.

La obligatoriedad de comparecer representa para el magistrado una sustitución de la garantía del juez natural. Por ello propone un ajuste a la normativa en la participación de miembros de las Fuerzas Armadas, de terceros civiles y de agentes de Estado sea voluntaria. Y que solo cuando la JEP asuma competencia sobre un caso, se excluya de las competencias a las demás instancias jurisdiccionales.

En este orden de ideas, el polémico artículo que asegura que la JEP puede hacer comparecer a personas cuya participación en hechos delictivos cometidos en el marco del conflicto haya sido determinante quedaría sujeta únicamente a los casos en los cuales la JEP tiene competencia forzosa, es decir, la guerrilla.

De llegarse a aprobar esta ponencia, los miembros de las Fuerzas Armadas, los terceros civiles y agentes de Estado quedarían en el mejor de los mundos. Esto en razón a que prácticamente podrían escoger cuál es su juez y tendrían el tiempo en su favor para tomar esta decisión.

Según Guerrero, el Congreso deberá establecer un tiempo máximo para que los terceros se acojan, pero mientras esto ocurre la corte lo fijará en un año a partir de que la persona haya sido vinculada formalmente a un proceso penal por hechos que son de competencia de la JEP. En caso de que las personas ya tengan una vinculación penal podrán hacerlo desde que comience a funcionar la jurisdicción. 

"La paz constituye un referente ineludible del escrutinio judicial en los escenarios de transición, más no una razón del Estado a la luz de la cual resulte imperativo para este tribunal validar cualquier medida que se ampere en una invocación global da la paz"

De ser aprobada esta ponencia, la JEP quedaría como una instancia de justicia cuyo destinatario es la guerrilla y de manera marginal los demás casos, rompiendo con uno de los ejes fundamentales de lo acordado en La Habana. La pregunta que desde ya se hacen varios constitucionalistas es si la corte puede romper una regla tan sensible para los acuerdos, teniendo en cuenta que este mismo tribunal selló un blindaje jurídico que precisamente obliga el cumplimiento de lo pactado por lo menos por tres periodos presidenciales. 

La ponencia hace además otra precisión. En lo relacionado con el fuero presidencial el Acto legislativo establece que la JEP compulsará las copias en el momento que considere adecuado, después de haber realizado las pertinentes verificaciones. Al respecto, Guerrero pide declarar inexequible de este aparte al considerar en al tratarse de información relacionada con el Presidente de la República tendrá que ser remitida de manera inmediata ya que no se pueden atribuir competencias investigativas a un juez que no las tiene.

En contexto: La JEP ‘Frankenstein‘ 

En uno de los apartes más críticos, la ponencia señala que la JEP no solo no se encuentra insertada a la Rama Judicial, sino que además se aparta de la lógica con la cual se estructura la función judicial: "Carece de soporte de la Rama Judicial, su conformación es determinada por el Ejecutivo a través de un Comité de Escogencia que puede configurar a discreción, y cuyos miembros son irresposables por su gestión de desginación, los operadores de justicia no pertenecen a la carrera judicial y están sometidos al poder disciplinario de sus pares, a través de una comisión integrada por ellos mismos”. 

Estos reparos serán debatidos esta semana por una sala de siete magistrados que deberán votar o no la ponencia que definirá la suerte del proceso de paz. 

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