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| 9/6/2019 11:40:00 AM

"En el Palacio de Justicia cantidades de restos mortales fueron barridos y arrojados a la basura"

El exministro Yesid Reyes hace un crudo relato sobre cómo se manipularon e incineraron los cadáveres por parte de la fuerza pública, en la retoma del palacio en la que falleció su padre. Asegura que la JEP debería estudiar esa tragedia.

Palacio de Justicia: Yesid Reyes habla de los desaparecidos "El cadáver de mi papá, junto con el de la casi totalidad de las víctimas, fue movido del sitio en el que había quedado después de que las Fuerzas Armadas recuperaron el control del Palacio de Justicia" Foto: Archivo SEMANA

Por Cristina Castro 


SEMANA: ¿Por qué la CIDH revisa de nuevo los hechos del Palacio de Justicia? 
 

Yesid Reyes: Colombia fue condenada hace ya casi cinco años por la CIDH por los hechos del Palacio de Justicia. En esa sentencia se le ordenó al Estado realizar una búsqueda rigurosa de los desaparecidos para determinar su paradero, pero también se le impuso la obligación de esclarecer la forma en que esas desapariciones ocurrieron y la de sancionar a todos los responsables de ellas. La corte advirtió igualmente que supervisaría el cumplimiento de esa sentencia. Y esa es la razón por la cual esta semana se reunieron en Bogotá para revisar si el Estado colombiano ha cumplido con sus obligaciones.

SEMANA: Justo antes de esa visita, la Fiscalía había sostenido la tesis de que en algunos casos no habían desaparecidos, sino personas mal enterradas en esos hechos. ¿Eso era coincidencia?

Y.R.: No. Las declaraciones de la Fiscalía no son una simple coincidencia. Creo que buscaban prepararle el terreno al Estado colombiano para decir que no se han esclarecido esas desapariciones forzadas, ni se ha sancionado a sus responsables, porque no ha habido desapariciones forzadas. El manejo de la información fue irresponsable. Fue evidente que los fiscales que dieron esas declaraciones ignoraban el número y los nombres de los desaparecidos cuya identificación habría sido establecida después de más de 30 años de investigación por parte de la Fiscalía. Parecían no saber que en el caso de Irma Franco el Estado reconoció ante la CIDH su desaparición, sin que hasta la fecha se haya encontrado su cadáver. La irresponsabilidad de la Fiscalía quedó en evidencia cuando su representante, el día de la audiencia de la CIDH, al parecer desautorizó las declaraciones de sus dos funcionarios y reconoció que en el palacio sí se presentaron casos de desaparición forzada. Es inaceptable que en un caso tan sensible como el del Palacio de Justicia, los fiscales investigadores no se pongan ni siquiera de acuerdo en si encontraron a todos o a la mayoría de los desaparecidos.

 SEMANA: Han pasado casi 34 años desde que sucedió esa tragedia y muchos jóvenes no entienden ese debate entre personas mal identificadas y desaparecidos. ¿Qué pasó? 

Y.R.: Sobre el mediodía del 7 de noviembre de 1985, la fuerza pública recuperó el edificio del Palacio de Justicia que había sido violentamente tomado por el grupo guerrillero M-19 el día anterior. Antes de que los jueces pudieran ingresar al edificio para inspeccionarlo como lo que en ese momento era, la escena de varios delitos, los integrantes de la fuerza pública que allí se encontraban impidieron que las autoridades judiciales realizaran de manera adecuada sus labores de investigación.

Así va la búsqueda de desaparecidos del Palacio de Justicia 

SEMANA: ¿Impidieron cómo?

Y.R.: De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, la alteración de la escena delictiva se hizo mediante actuaciones como la de retrasar el ingreso de las autoridades judiciales al Palacio de Justicia; despojar de sus prendas, incluidas pertenencias y documentos de identificación, a varios de los cadáveres; lavar algunos cuerpos e incinerar otros; ordenar a los bomberos que trasladaran de sitio cadáveres y pertenencias de las víctimas; disponer la limpieza del edificio, con lo que una gran cantidad de restos mortales fueron barridos y arrojados a la basura; llevar los cadáveres de manera desordenada a Medicina Legal, sin cumplir protocolos y, una vez allí, no permitir la práctica de todas las autopsias al ordenar que varios cadáveres les fueran entregados a ellos para llevarlos a una fosa común del Cementerio del Sur.

Ver: ¿Por qué son tan polémicas las declaraciones de la fiscalía sobre los desaparecidos?

SEMANA: Su papá, quien era el presidente de la Corte Suprema en esa fecha, falleció en el Palacio de Justicia. ¿En su caso también cree que se alteraron las pruebas? 

Y.R.: Sin duda, porque su cadáver, junto con el de la casi totalidad de las víctimas, fue movido del sitio en el que había quedado después de que las Fuerzas Armadas recuperaron el control del Palacio de Justicia. Solo que, en su caso, el estado del cuerpo permitió su identificación en ese mismo momento.

SEMANA: ¿Quién estaba detrás de que no se conociera la verdad de lo que sucedió en el palacio?

Y.R.: Los principales interesados en que no se conozca la verdad sobre la comisión de un delito son las personas que tomaron parte en él. Por eso es tan grave la afirmación que hizo la Fiscalía: porque al desconocer la existencia de desapariciones forzadas en el caso del Palacio de Justicia, está renunciando a investigar quién o quiénes ordenaron o coordinaron las conductas que permitieron alterar de manera tan grave la escena de una multiplicidad de delitos y, lo que es aún más importante, si lo hicieron con el propósito de que algunas de las víctimas no pudieran ser identificadas, es decir, buscando que no aparecieran. Como se escucha en la grabación de una conversación entre dos integrantes de las Fuerzas Armadas en esa fecha: “Si está la manga no aparezca el chaleco”.

SEMANA: Frente a lo que dijo la Fiscalía hay un debate jurídico en este asunto. ¿Para usted el hecho de que un cuerpo aparezca significa que el delito de desaparición se esfuma?

Y.R.: Para poder hablar de un delito de desaparición forzada se requiere demostrar tres cosas: la primera, que alguien tenga el control sobre la libertad de una persona; la segunda, que esa persona sea ocultada de alguna manera; la tercera, que se niegue esa privación de la libertad o no se suministre información sobre el paradero de la persona. El delito existe en el momento en que se reúnan esos tres requisitos, aun cuando posteriormente la persona aparezca. Como el Código Penal prevé rebajas de pena cuando los autores liberan a la persona antes de 15 o 30 días, o cuando suministran información que permita liberarla o recuperar su cadáver, es evidente que la aparición de la persona no hace desaparecer el delito, sin importar si eso ocurre debido a la actividad de las autoridades o a la colaboración de los autores.

SEMANA: ¿Cómo afectaría esta nueva interpretación de que cuando aparece el cuerpo ya no hay delito de desaparición forzada, los casos de altos mandos militares que están todavía en curso en la Corte Suprema?

Y.R.: Si esa tesis prosperara, las personas investigadas por esos hechos pedirían su absolución, y quienes ya estuvieran condenados podrían pedir la revisión de sus casos o, en el evento de que ello no fuera viable, podrían demandar al Estado por esas condenas. Surgiría así un curioso escenario: el Estado habría incumplido su obligación de reparar a la totalidad de las víctimas de las desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia, pero habría reparado a quienes fueron condenados por esos hechos.

Recomendamos: Navegue el especial de SEMANA sobre los 30 años del Palacio de Justicia

SEMANA: La Corte Suprema ha tardado años en entregar sus decisiones sobre el Palacio de Justicia. ¿Usted cree que la JEP es un buen camino para encontrar esa verdad?

Y.R.: El Acto Legislativo 01 de 2017 dice que la JEP tiene competencia respecto de los agentes del Estado, por acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado; como ninguna norma constitucional o legal limita esa competencia a actuaciones que los agentes del Estado hayan realizado para combatir al grupo guerrillero de las Farc, la JEP es competente para conocer de los hechos delictivos que pudieran haber ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Los agentes del Estado que entonces eran parte de las Fuerzas Armadas deben ser investigados por la JEP de acuerdo con esa norma constitucional, mientras los que no hacen parte de ellas pueden concurrir de manera voluntaria ante esa jurisdicción. Como esos hechos ocurrieron en el marco y con ocasión del conflicto armado, los agentes del Estado no solo estarían sometidos a la JEP sino que, adicionalmente, deberían concurrir ante la Comisión de la Verdad y colaborar con los demás componentes del sistema. Esto abre la posibilidad de que los hechos del Palacio de Justicia sean finalmente valorados de manera integral, no solo desde la perspectiva de la justicia, en cabeza de la JEP, sino, lo que es tanto o más importante, desde la óptica de la Comisión de la Verdad. 

Así le contó Yesid Reyes a SEMANA el drama que vivió en la toma del Palacio de Justicia

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