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| 8/25/2018 6:22:00 AM

“Estoy convencido de que fallos de la Corte no abren las puertas a la CPI”: Yesid Reyes

A raíz de las propuestas presidenciales de promover la cadena perpetua para violadores de menores y quitarle la casa por cárcel a corruptos, además de los fallos de la Corte Constitucional sobre la JEP, SEMANA consultó al jurista Yesid Reyes. “Mayores castigos, no disminuyen los delitos”, aseguró.

“Mayores castigos, no disminuyen los delitos”: Yesid Reyes “Estoy convencido de que fallos de la Corte no abren las puertas a la CPI”: Yesid Reyes Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA

SEMANA: Una de las premisas del nuevo presidente es la legalidad ¿Qué tan efectivo es basar su forma de gobierno en presentar nuevas leyes y aumentar castigos?

Yesid Reyes: Las leyes siempre hacen falta, pues son la forma de organizar el funcionamiento de la sociedad. Pero no todos los problemas se resuelven expidiendo leyes. Se puede reaccionar contra el crimen creando nuevos delitos o aumentando las penas; pero también se lo puede enfrentar de una manera más eficiente, identificado y controlando sus causas. Creo que se abusa de la creación de normas, específicamente penales, y se sobredimensiona su impacto como mecanismo de control del delito.

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SEMANA: Siendo así ¿qué opina de todas la medidas anticorrupción que se están proponiendo desde el gobierno como la consulta del 26 de agosto?

Y.R.: El tema de la corrupción me parece grave, pero cuando se trata de combatir la inseguridad generada por el delito, hay que tener presente cuáles son los que más afectan a la sociedad. En Colombia esos son las lesiones personales, los hurtos, la violencia intrafamiliar, la inasistencia alimentaria y el tráfico y porte de sustancias estupefacientes que, en lo que va corrido del año, alcanzan el 56 por ciento de las denuncias.

En cambio, los delitos que pueden ser considerados formas de corrupción no representan más del 0,6% de las noticias criminales este año. Con eso no pretendo restar importancia a los perniciosos efectos negativos de la corrupción; pero no me parece bien mostrarla como el gran problema de una sociedad en la que las enormes diferencias sociales, las lagunas en materia de bienestar social, la falta de mecanismos alternativos de solución de conflictos y la tradicional lentitud de nuestra administración de justicia, influyen en la aparición de esos delitos que representan más de la mitad de las denuncias formuladas este año.

Los esfuerzos del Estado deberían estar primordialmente dirigidos a solucionar esos vacíos, porque de esa forma se puede conseguir una disminución de los crímenes que más ocurren en nuestro país. Eso es mucho más efectivo que crear más delitos y aumentar las penas de los ya existentes.

SEMANA: Otra de las propuestas del nuevo gobierno es la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños...

Y.R.: Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte ni con la cadena perpetua porque no resuelven el problema de la delincuencia. Las sanciones tienen una razón de ser; deben estar orientadas a corregir la conducta de las personas para que no vuelvan a delinquir, pero permitiéndoles reintegrarse a la sociedad. Si fuera verdad que las penas altas disminuyen la delincuencia, en los países donde existe la pena de muerte o la cadena perpetua no habría delitos, lo cual no es cierto. Por el contrario, si uno observa los países del norte de Europa, donde se han desarrollado Estados sociales que brindan bienestar a sus ciudadanos, puede observarse un bajo nivel de criminalidad pese a no aplicar penas tan severas.

SEMANA: ¿Colombia es más legalista que otros países?

Y.R.: No necesariamente. Pero sí es evidente que tenemos muchas leyes, algunas contradictorias entre sí y otras desuetas. Desde hace varios años se está trabajando en un proyecto de depuración de leyes inservibles en el que valdría la pena que se siguiera avanzando.

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SEMANA: ¿El legalismo es un planteamiento de derecha?

Y.R.: Sí, mientras la derecha busca más represión, el centro o a la izquierda buscan más control de causas que es mucho más racional. ¿Por qué hay pocos delitos contra la propiedad en Noruega? no es precisamente porque las penas sean altas, es porque la desigualdad social está muy reducida.

SEMANA: Una medida legalista fue el Código de Policía, sin embargo, año y medio después de entrar en vigencia siguen los vendedores ambulantes, la basura en las calles y las personas que se cuelan en el transporte público...

Y.R.: Ese es un buen ejemplo de cómo endurecer las normas no necesariamente cambia los comportamientos. Para mejorar la convivencia hay que fortalecer la educación y brindar a los ciudadanos mecanismos alternativos de solución de conflictos que funcionen de manera eficiente. Y, por supuesto, es indispensable trabajar para que todos los ciudadanos puedan gozar de un adecuado nivel de bienestar social, en todas su dimensiones.

SEMANA: Críticos del fallo de la Corte Constitucional sobre la estatutaria de la JEP aseguran que la fórmula adoptada para sancionar a violadores de menores de edad es impunidad. ¿Qué opina?

Y.R.: 
A través del Acto Legislativo 01 de 2017 se introdujeron varias reformas a la Constitución Política, derivadas del Acuerdo de Paz. Una de esas modificaciones, señala que la JEP solo es competente para conocer de delitos cometidos durante el conflicto armado, siempre que tengan una relación directa o indirecta con el mismo; como la norma no hace ninguna excepción por la naturaleza del delito, es claro que le corresponde a la JEP ocuparse de los delitos sexuales cometidos en ese período contra niños, niñas y adolescentes, siempre que ellos tengan relación con el conflicto.

Otra de las modificaciones establece cuáles son las únicas sanciones que puede imponer la JEP, que van desde los cuatro años de restricción de la libertad hasta los veinte años de prisión efectiva, dependiendo del grado de colaboración que los condenados presten al sistema.  

Esto significa que, según nuestra Constitución Política, la única autoridad que puede ocuparse de investigar, juzgar y sancionar delitos sexuales que se hayan cometido contra niños, niñas y adolescentes en relación directa o indirecta con el conflicto armado, es la JEP. Pero además, quiere decir que según la Constitución Política, la JEP solo puede imponer a los responsables de esos delitos, penas entre cuatro años de restricción efectiva de la libertad y veinte años de prisión.

En un Estado de Derecho como el nuestro, no cabe la menor duda de que una ley (aunque sea estatutaria), no puede ni modificar, ni contradecir normas constitucionales. Por lo tanto, era evidente la inconstitucionalidad de los artículos que en la ley estatutaria le imponían a la JEP la obligación de aplicar sanciones contrarias a las que ya consagra la Constitución Política respecto de los responsables de delitos sexuales que se hayan cometido contra niños, niñas y adolescentes durante y en relación con el conflicto armado.

Impunidad no hay porque solo existen dos posibilidades: La primera es que esos delitos no tengan relación con el conflicto armado, en cuyo caso serán investigados, juzgados y sancionados conforme al Código Penal ordinario, y sus autores recibirán las altas penas que esa normatividad consagra. La segunda es que esos delitos hayan sido cometidos en relación con el conflicto armado, caso en el cual, por mandato constitucional, debe ser conocidos por la JEP y castigados de acuerdo con las sanciones que ella misma consagra, y que oscilan entre los cuatro años de restricción de la libertad y los veinte años de prisión efectiva.

SEMANA: El Fiscal asegura que para delitos de ejecución permanente la Corte puso una talanquera que impedirá dar celeridad a las investigaciones de la justicia ordinaria. ¿Hay riesgo de que por esta vía queden impunes delitos cometidos después de la firma del acuerdo?

Puede leer: Las cinco reservas del fiscal al fallo de la corte sobre la JEP

Y.R.: 
El argumento del Fiscal está edificado sobre una cita que hace de la sentencia C-674 de 2017 en la que, según afirma, la Corte Constitucional habría sostenido "inequívocamente que las conductas de narcotráfico de ejecución permanente que se comentan ‘... deben ser sometidas a la jurisdicción ordinaria al tratarse de uno de los flagelos cuya lucha se vincula con la construcción de una paz estable y duradera como objetivo básico al cual apunta el acto Legislativo 01 de 2017‘".

Sin embargo, si se revisa el párrafo completo de la sentencia citada, lo primero que se observa es que en él la Corte se refiere a una norma del Acto Legislativo 01 de 2017 que dice "en qué casos y bajo qué circunstancias corresponde a la jurisdicción ordinaria" los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones, tráfico, fabricación, porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles.

La lectura completa del mismo deja ver con claridad que la Corte consideró constitucional la norma, en la medida en que ella se limita a señalar cuáles son las opciones que en materia de competencia existen para esos delitos; en otra palabras, el artículo solo dice “en qué casos y bajo qué circunstancias algunas conductas relacionadas con dicha actividad son de conocimiento de la JEP o, por el contrario, deben ser sometidas a la jurisdicción ordinaria al tratarse de uno de los flagelos cuya lucha se vincula con la construcción de una paz estable y duradera como objetivo básico al cual apunta el acto Legislativo 01 de 2017”.

Ni la norma ni la Corte dicen que todos los delitos permanentes pasen a la justicia ordinaria después del 1º de diciembre de 2016. Lo que ese artículo constitucional señala es que el tema debía ser desarrollado por la ley; y eso fue justamente lo que  hizo la ley Estatutaria en su artículo 62, al precisar que los delitos de ejecución permanente serán de competencia de la jurisdicción ordinaria, solo “cuando se hayan realizado actos de ejecución después de dicha fecha”.

En definitiva, el tema está muy claro tanto en la Constitución como en la Ley Estatutaria: Un delito que haya comenzado a ejecutarse antes del 1º de diciembre de 2016 y que mantenga sus efectos después de esa fecha, como puede ser el cultivo de coca o el secuestro, solo pasa a ser de conocimiento de la justicia ordinaria, si después de esa fecha se han producido conductas que sean consideradas como nuevos actos de ejecución del delito y solo respecto de esos nuevos hechos. Por lo tanto, como cada jurisdicción tiene claramente definidas sus competencias, no hay ningún espacio en la ley para la impunidad. 

Puede leer: Circular roja de Interpol no será suficiente para capturar extraditables y otras reglas de la JEP

SEMANA: ¿Del fallo de la Corte se podría concluir que casos de quienes no sean los máximos responsables y hayan cometido conductas atroces podrían ser objeto de renuncia a la acción penal, como lo advierte el Fiscal?

Y.R.: Lo único que en este aspecto hizo la Corte fue citar un artículo que ya existe en nuestra Constitución, el 66. Esa norma dice que el Congreso puede, mediante una ley estatutaria como la que acaba de estudiar la Corte, “determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática...”. 

Entonces, lo que la corte dijo es exactamente lo mismo que ya consagra el artículo 66 de la Constitución: que los esfuerzos del Estado se deben centrar en investigar a los máximos responsables de esos delitos, razón por la cual, agregó ahora la Corte con razón, no se puede renunciar a la acción penal respecto de ninguno de esos crímenes.

La idea de que el Estado deba centrar sus esfuerzos en la investigación penal de los delitos señalados en la reciente decisión de constitucionalidad, no surge entonces de esa sentencia, sino de la mencionada norma constitucional que, además, no hace nada diverso a recoger una de las características de la llamada justicia transicional: su selectividad.

SEMANA: ¿Cree que se debilitó el mecanismo de cooperación de extradición bajo la fórmula que fue adoptada?

Y.R.: 
En el tema de la extradición, la Corte solo introduce una modificación: dice que, tratándose de personas que están sometidas a la JEP, el Fiscal solo puede ordenar la captura a partir del momento en que conozca la solicitud formal de extradición. Es verdad que eso supone hacer más estricto el trámite que en los casos normales, donde la captura
se puede ordenar antes de que haya solicitud formal. Pero como solo se puede solicitar a alguien en extradición cuando se lo ha llamado a juicio, lo único que ahora se le pide a los países requirentes es que formalicen su solicitud para que la persona pueda ser capturada; no debe ser muy difícil, puesto que ya han acusado a la persona ante un juez.

Por eso no creo que la decisión de la Corte debilite el mecanismo de la extradición. Es cierto que en la decisión se afirma que, una vez la autoridad judicial competente asuma el conocimiento de la conducta, le corresponde a ella decidir sobre la libertad del capturado y sobre la imposición de eventuales medidas de aseguramiento. Sin embargo, eso no es ninguna novedad; en el procedimiento ordinario el principio general es exactamente el mismo: solo la autoridad que ha asumido la competencia de un caso es la facultada para decidir sobre la libertad de las personas contra quienes se adelanta el proceso.

Por el contrario, la autoridad judicial que no tiene la competencia, porque nunca la asumió o porque la perdió, no puede pronunciarse válidamente sobre esos temas.

SEMANA: ¿Cree que el fallo abre las puerta a la competencia de la CPI?

Y.R.: 
No hay nada en la decisión de la Corte que represente un retroceso respecto de lo contenido en el Acuerdo de Paz, ni en los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017. Y en la medida en que ellos están conformes con los principios generales de la denominada justicia transicional, que son los que inspiran y guían el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, estoy convencido de que las decisiones que en estos temas ha tomado la Corte no abren las puertas para una intervención de la Fiscalía de la CPI. 

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