Álvaro Hernán Prada, el uribista al que acusan de hacer "trizas" el acuerdo de paz

Aunque el presidente Iván Duque ha dicho en Colombia y en el exterior que respetará los alcances del acuerdo de paz firmado que su antecesor, Juan Manuel Santos, firmó con la guerrilla de las Farc, un representante a la Cámara de su partido, el Centro Democrático, fue acusado en la noche de este martes de intentar darle un golpe mortal a dichos acuerdos.

Se trata del representante Álvaro Hernán Prada, el mismo al que la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria en el proceso que por manipulación de testigos está vinculado el senador y expresidente Álvaro Uribe. Es del departamento del Huila y se le recuerda por la dura oposición que hizo a la implementación de los acuerdos de paz, y por protagonizar duras confrontaciones con los congresistas del partido Farc.

Prada es el ponente de la prórroga de la ley de orden público, que habilita al gobierno colombiano a adelantar negociaciones de paz con grupos armados al margen de la ley, y que el presidente Duque le pidió al Congreso extender por otros cuatro años -entre otras- para dejar abiertas las puertas de una negociación con el ELN, proceso que está suspendido desde el pasado mes de agosto.

En su condición de ponente, Prada incluyó diez artículos nuevos que no habían sido discutidos en las comisiones conjuntas, donde se aprobó el proyecto en sus dos primeros debates. Pero además presentó una proposición para incluir un nuevo párrafo al artículo tercero del proyecto, el cual pretende otorgar facultades al presidente de la república para levantar la suspensión de las órdenes de captura a los excombatientes de las Farc

Su propuesta establece que de manera excepcional y por motivos de seguridad o interés público, el Gobierno Nacional "podrá solicitar a la autoridad correspondiente de la jurisdicción ordinaria la reactivación de las órdenes de captura que se hayan suspendido en virtud de la presente ley".

La proposición también señala que a los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley a los que se les levante la suspensión de la orden de captura tendrán un plazo de 30 días para presentarse voluntariamente ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Si pasado ese término no lo hacen, las autoridades de la justicia ordinaria darán cumplimiento a la captura y los pondrán a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá la competencia para definir su situación en el plazo máximo de 90 días.

Como esta disposición se puso a consideración dentro de un bloque de artículos que aparentemente no tenían mayor controversia, terminó siendo aprobada casi que a pupitrazo. 119 representantes la votaron a favor, solo 20 se negaron. "No nos dejaron intervenir", se quejó la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde). 

Uno de los principales alcances de este artículo, que se le colgó a última hora a la ley de orden público, es que se habilita al gobierno para levantar las órdenes de captura contra miembros de las Farc, suspendidas en virtud del acuerdo de paz.

Si esta norma se convierte en ley, el presidente de la república, de forma automática, y por razones de seguridad nacional, podría reactivar cualquier orden de captura a los excombatientes de las Farc.

Por eso, uno de los congresistas del partido Farc, el representante Luis Alberto Albán (Marcos Calarcá), protestó la decisión de la plenaria y la calificó como un nuevo golpe al proceso de paz. Se marchó del recinto.  

Nos retiramos de #PlenariaCámara porque en el proyecto de prórroga sobre orden público" se da otro golpe a la paz. pic.twitter.com/NaP5J7D2rJ

— LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO (@AlbanFarc) 12 de diciembre de 2018

La representante Juanita Goebertus, quien además fue arquitecta del llamado marco jurídico para la paz, calificó de “mico” el artículo propuesto por el representante Álvaro Hernán Prada y protestó por la forma como fue aprobado.

“Es preocupante lo que sucedió en plenaria, una proposición aditiva pretende levantar la suspensión de las órdenes de captura de los excombatientes de las Farc. Fue una proposición que no se discutió, que el ponente no expuso y el presidente de la Cámara no dio espacio para quienes estamos en desacuerdo con ello”, explicó Goebertus.

En su interpretación, Goebertus asegura que esta disposición también se salta la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz que es la que puede determinar si hay o no incumplimiento de parte de los desmovilizados, si volvió o no a delinquir, si aportó para el esclarecimiento de la verdad, o si no ha contribuido a la reparación.

Goebertus al igual que congresistas de la oposición y algunos independientes se salieron del recinto en señal de protesta y con el propósito de desbaratar el quorum.

"Es para disidentes": Prada

El representante Prada se defendió y justificó que su propuesta no pretende golpear el proceso de paz con las Farc sino que está enfocada para el caso de los disidentes que, como alias el Paisa, se desmovilizaron pero no han comparecido ante la Jurisdicción de Paz.

“Hoy las Farc son un partido político y no podemos pretender que el levantamiento de órdenes de captura sea contra quienes hoy son parte de un partido político”, aclaró Prada.

Pero hay unos disidentes, como alias el Paisa, a los que la ley los protege y le impide a la justicia ordinaria ir por ellos para que se presenten a la Jurisdicción Especial de Paz”, agregó.

Según la interpretación de Prada eso significa que si se aprueba esta norma el presidente de la república podrá autorizar a la justicia ordinaria la posibilidad de reactivar la orden de captura con el propósito de conducir a los disidentes ante la JEP y que sea esta jurisdicción, y no la ordinaria, la que determine su situación jurídica. “¿Cuál es el miedo?”, se preguntó.

Prada además había presentado en el debate diez artículos nuevos que no habían sido aprobados en los primeros debates, circunstancia que provocó un desorden en la plenaria y esta tuvo que ser levantada por falta de quórum.

El Centro Democrático responsabilizó a la oposición y a congresistas de partidos independientes como Cambio Radical y el Partido Liberal de haber propiciado la suspensión de la sesión. Incluso el representante Samuel Hoyos los acusó del inminente hundimiento de los proyectos anticorrupción, que no podrán discutirse este miércoles en sesiones conjuntas porque la plenaria fue citada a las 11:00 de la mañana para seguir debatiendo la ley de orden público.

Héctor Vergara, representante de Cambio Radical, responsabilizó al gobierno por precipitar el desorden en la plenaria al permitir que se presentaran un sinnúmero de artículos nuevos que “desnaturalizaron” la ley de orden público que había sido aprobada en las comisiones conjuntas. “¿Dónde está el liderazgo del gobierno?”, reclamó.

A la ley de orden público, que tiene mensaje de urgencia, le falta un artículo para ser aprobada en la plenaria de la Cámara. Este miércoles se retomará la discusión y la oposición pedirá la reapertura del "artículo Prada" sobre las órdenes de captura a los miembros de las Farc.