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| 5/7/2019 6:48:00 PM

Las demandas que han frenado obras del gobierno Peñalosa

En este momento hay 44 procesos en contra del Distrito: 27 están activos, 14 han fallado a favor y 3 en contra. Desde el metro, Transmilenio, la venta de ETB, los humedales y hasta el relleno Doña Juana, hacen parte de los pleitos.

Las demandas que han frenado las obras del gobierno de Peñalosa La licitación de TransMilenio por la Séptima, la licitación de la construcción del parque de San Rafael y la suspensión de las obras en el parque el Japón son las obras suspendidas por las demandas que ha recibido el Distrito. Foto: Cortesía Alcaldía Bogotá

Metro elevado de Bogotá: ¿Qué tan blindado está el proceso y qué es lo que se viene?

La alcaldía de Enrique Peñalosa ha contado con mayorías aplastantes en el Concejo de Bogotá para aprobar su plan de gobierno y sus ambiciosas iniciativas. Sin embargo, la oposición también ha sabido hacerle contrapeso. Varios de sus proyectos emblemáticos han sido demandados y algunos suspendidos. En este momento hay 44 procesos en contra del Distrito. 27 activos, 14 ya se fallaron a su favor y 3 en contra. Desde la Secretaría Jurídica de Bogotá se ha asegurado que los perjudicados con estas demandas terminan siendo los ciudadanos que no ven las obras o que tienen que esperar más de lo previsto. Sin embargo, muchos de los procesos en contra han nacido de la misma inconformidad de los bogotanos con las iniciativas del gobierno. Estas son algunas: 

Primera Línea del metro (procesos activos)

Esta obra que costaría más de 13 billones de pesos es una de las más controvertidas de esta administración. Aunque la alcaldía ha insistido en que es prácticamente un hecho y que sería adjudicada a más tardar en los primeros días de octubre, hay procesos en su contra que podrían frenarla y dejarla a la voluntad del próximo alcalde.

En este momento hay en curso una demanda ante el Consejo de Estado interpuesta por concejales del Polo Democrático con tres argumentos: 1) El proyecto no está concebido dentro del POT vigente. 2) Presuntas irregularidades en la Declaratoria de Importancia Estratégica. 3) No habría estudios de factibilidad en el momento en que la obra fue aprobada por el Concejo de Bogotá. También está activa la acción de nulidad impuesta por Constanza Vargas, quien pretende que el acuerdo 642 de 2016, con el que se autorizaba a la alcaldía a endeudarse para construir la obra, sea revertido. El distrito ha ganado otros cuatro procesos judiciales en este sentido.

TransMilenio por la Séptima (suspendida)

Esta obra, que iría de la calle 32 a la 200 y que costaría 2.4 billones de pesos, tiene 5 procesos jurídicos, de los cuales 4 están vigentes. Uno de ellos logró que el procurador Fernando Carrillo suspendiera de forma provisional la adjudicación de la obra, que se haría el pasado 2 de mayo. El despacho judicial consideró que no hay certeza sobre la armonización de los estudios y diseños de la troncal TransMilenio por la Carrera Séptima y el Plan parcial del Pedregal que, según el Plan Parcial de Renovación Urbana, estará ubicado sobre la Carrera Séptima con calle 100. Por eso le ordenó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) enviar toda la documentación relacionada con este proyecto de infraestructura vial. 

Venta de la ETB (Alcaldía desistió)

El alcalde planeaba usar el dinero de la venta del 88 por ciento de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá para construir colegios, hospitales, centros de discapacidad y otras obras sociales. Sin embargo, después de numerosas demandas en contra de la iniciativa, el Distrito finalmente decidió desistir de este plan. El proyecto inicial fue revocado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y aunque la alcaldía tenía otros recursos para promover de nuevo el proyecto, anunció en febrero pasado que no insistirá más. El negocio fue demandado desde un comienzo por los sindicatos de la compañía que lograron frenar la venta. Cuatro conceptos fueron desfavorables para el Distrito y de hecho todavía hay tres procesos activos.

Humedales (procesos vigentes)

En este momento hay una acción con la que se pretende la nulidad del decreto 565 de 2017, por medio del cual se modificaba la política de humedales en relación con la definición de recreación pasiva y uso en los humedales. El cambio consistía, en pocas palabras, en que las restricciones fueran un poco más flexibles y de este modo se pudieran construir, por ejemplo, senderos peatonales, ciclorutas y adecuar algunos postes de luz. Para las comunidades estas obras afectarían los humedales pues atraerían a visitantes y de esta manera se contaminarían. Pero además se afectaría flora y fauna. Entre los proyectos que podrían verse perjudicados está el de la construcción del proyecto inmobiliario cerca de la reserva Thomas Van Der Hammen. Por este el Distrito también está enfrentando una acción popular que busca detener la obra. Y ganó un proceso que buscaba frenar el proyecto en Lagos de Torca ubicado en el humedal de Torca Guaymaral.

Tala de árboles (procesos activos y algunas talas suspendidas)

Si algo ha generado indignación por parte de algunos sectores en Bogotá ha sido la tala de árboles para la construcción de parques. Hay quienes se han atrevido a aseverar que el alcalde podría “tener intereses” económicos con estas acciones y algunos ciudadanos se han movilizado para defender la vegetación. Pero los hechos han ido más allá de la movilización y en este momento hay en curso tres acciones populares para frenar la tala de árboles en la capital. A noviembre de 2018 el alcalde de Bogotá autorizó 34.000 talas, de las que 11.394 ya fueron ejecutadas y que suman 3.068 millones de pesos.

La alcaldía ha defendido en varias oportunidades que por cada árbol que plantan siembran ocho, y que siempre se hacen porque están enfermos, porque tienen riesgo de caerse o porque se necesita construir una obra que beneficiaría a los ciudadanos. Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para algunos bogotanos y en el caso del parque El Japón los residentes lograron que la Procuraduría ordenara la suspensión de las talas como medida cautelar. El Distrito tendría que comprobar que la iniciativa fue concertada con la comunidad y que las talas eran justificadas.  

Embalse de San Rafael (Suspendida)

A mediados de junio, la Alcaldía de Bogotá planeaba adjudicar la construcción del Parque en el Embalse de San Rafael. Se trataba de un espacio 12 veces más grande que el Simón Bolívar en el que se haría una inversión de 138.000 millones de pesos. Así se convertiría en un complejo turístico gratuito con 11 kilómetros de senderos para caminar y pasear en bicicleta, miradores, muro de escalar, zona de picnic, restaurantes, espacios para recorridos pedagógicos y un cable aéreo que conectara a Bogotá con La Calera, que tendría un costo adicional de 400.000 millones de pesos. Pero el sindicato del Acueducto de Bogotá logró que el juez sexto de Bogotá impusiera medidas cautelares que suspenden el proceso de contratación mientras el Distrito demuestra que el proyecto cumple con las normas ambientales y garantiza que no se afecten las fuentes hídricas que proveen agua potable a los capitalinos.

Relleno de Doña Juana (procesos activos)

El alcalde Enrique Peñalosa anunció que el relleno sanitario de Doña Juana donde se depositan 6.000 toneladas de residuos al día tendrá vida por lo menos por 37 años más. Por el momento Bogotá no cuenta con una planta de aprovechamiento y no hay ningún otro relleno con la capacidad de recibir la basura de los habitantes de la capital. Sin embargo, las comunidades que viven alrededor han visto vulnerados sus derechos a la seguridad y a la salubridad pública. Por eso han pedido que se suspenda la operación de Doña Juana. El proceso jurídico está activo pero es muy probable que el Distrito lo gane pues no hay otro destino para estos residuos.

Taxis inteligentes (Suspendida)

El Distrito tenía planeada una estrategia para que los taxistas pudieran competir contra plataformas como Uber, Beat y Picap. La idea era que todo el parque automotor contara con tabletas digitales en la parte de atrás para que el usuario pudiera ver el costo de la carrera (y así combatir la alteración de los taxímetros) y los datos del conductor para tener mayor seguridad sobre la persona que los recogía.

Sin embargo, varios representantes de los taxistas manifestaron su inconformidad con la medida porque requerían de una inversión con la que, según ellos, no contaban. Además, aseguraron que la seguridad de la capital no está como para andar con estos dispositivos móviles. Por eso en este momento hay en curso dos acciones de nulidad simple contra esta iniciativa. Además, el proceso está paralizado porque el Ministerio de Transporte pidió suspender el decreto que regulaba la norma mientras analiza las opciones para garantizar el piso jurídico para su funcionamiento.

Para consultar otros procesos puede hacer clic en este enlace.

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