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| 11/27/2019 9:38:00 AM

Judicatura y Fiscalía se muestran los dientes por investigación contra dos fiscales

La Sala Disciplinaria ordenó una gran inspección a los despachos de Daniel Hernández y Álvaro Betancourt en el marco de una investigación por supuestas chuzadas, pero la Fiscalía considera que está en juego la reserva de un centenar de expedientes cruciales. La diligencia se frustró pero es apenas el primer round.

La Judicatura y la Fiscalía se muestran los dientes por investigaciones de dos fiscales Judicatura y Fiscalía se muestran los dientes por investigación contra dos fiscales

El 19 de noviembre la Judicatura, apoyada en miembros de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, se lanzó a hacer una diligencia sin antecedentes. Trataron de llevarse del búnker de la Fiscalía los expedientes asociados a los despachos de Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, dos fiscales que tienen en su poder varias de las investigaciones más importantes de la justicia: Odebrecht, Diego Cadena, chuzadas, son algunas de estas. Ese día, cuando ya llevaban escaneados ocho casos, una orden del vicefiscal Jaime Camacho se les atravesó impidiendo que continuaran con la megainspección. 

El acta de la frustrada diligencia, conocida por SEMANA registra que desde la cúpula de la Fiscalía se ordenó la suspensión de la misma en vista de que no había una orden del fiscal general que autorizara el levantamiento de la reserva de las investigaciones penales de estos despachos. Desde entonces se alista una artillería legal, de un lado, para continuar con la extracción de información, del otro, para contenerla. Este es apenas el primer round de una tormenta que se anuncia.

El próximo 3 de diciembre hay agendada otra visita de la Judicatura y de la Direccion Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría en el búnker. Para esta fecha, el órgano disciplinario planea haber sentado al fiscal Fabio Espitia para que en tono amigable permita realizar la inspección. Pero en la Fiscalía no hay ninguna intención de acceder a las peticiones del magistrado de la Judicatura Alejandro Meza Cardales y para impedir que se cumpla con su orden pedirán hasta el acompañamiento de ONG internacionales de ser necesario.


Lo que originó la indagación preliminar por parte del magistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura fue una denuncia del ciudadano Maximiliano Zapata Villamarín por supuestas chuzadas ordenadas y realizadas desde el búnker. La denuncia relaciona una cantidad indeterminada de investigaciones de las cuales aporta radicados incompletos que no permiten la asociación de ningún caso puntual. 

Previendo esta situación, el magistrado ordena que las evidencias se tomen con base en el trabajo que durante los últimos cinco años han realizado estos fiscales. Pide que del despacho de Hernández se extraiga copia de todos los radicados creados en los últimos cinco años, que se haga un backup completo de su correo institucional, así como todas las solicitudes de interceptación de comunicaciones ordenadas por su despacho. También pide la relación de expedientes que están en el SPOA (el sistema interno de trámite de expedientes de la Fiscalía) relacionados para este fiscal. 

El magistrado además ordena que se haga una copia espejo de los equipos de cómputo y dispositivos de almacenamiento temporal asignados entre 2014 y 2019 a Hernández y a Betancourt. Así como una copia del informe final entregado por quien fungió como fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, Leonardo Espinosa. 

La orden de la Judicatura fue interpretada por la Fiscalía como un exceso. El despacho del vicefiscal considera que viola el Código Disciplinario Único, que en el artículo 135 establece que para trasladar pruebas a una actuación disciplinaria se deberá contar con autorización del respectivo funcionario a cargo. La norma dice además que estas evidencias deben haber sido descubiertas por la Fiscalía General de la Nación con la presentación de acusación en el marco de un proceso penal, y en caso de no ser así se deberá solicitar autorización del fiscal general de la nación. “En cada caso, el fiscal general evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales de prueba o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma”, dice el artículo.

La Fiscalía también se ampara en el artículo 150 del código que establece que una indagación disciplinaria no se podrá extender a hechos distintos del que fue objeto la denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.

Pero otra cosa considera la contraparte. Para los delegados de la Procuraduría y la Judicatura, el artículo 135 no es aplicable en esta situación pues la orden del magistrado no apunta a hacer traslado de evidencias sino a generar una prueba técnica. Dos conceptos sobre los cuales –señalan– existe una “diferencia diametral”.

A las sorpresas que se llevó la Fiscalía con esta orden de la Judicatura, se sumó el hecho de que el origen de la investigación fuera un ciudadano anónimo. El nombre de Maximiliano Zapata Villamarín, según fuentes de la Fiscalía, no aparece en la Registraduría y su dirección y teléfono también serían inexistentes. Aunque muchas investigaciones relevantes en Colombia tienen como origen un anónimo, en este caso se hace referencia a una cantidad indeterminada de radicados en los que se cometieron irregularidades sin que se aporten números exacto. Esto derivó en que las pesquisas del órgano de control fueran indeterminadas. 

En esta pelea cada quien tira para su lado. La Judicatura apoyada en la Procuraduría defendiendo su competencia para investigar disciplinariamente a funcionarios de la rama judicial. Y la Fiscalía sosteniendo que no violará la reserva de expedientes de interés nacional. Si este choque sigue escalando, como se prevé, se podría convertir en uno de los casos más taquilleros que los jueces tendrán que resolver. 

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