Nación | 2/18/2020 6:53:00 PM

La Guajira, ¿al borde de otra crisis?

El nuevo gobernador y nueve alcaldes municipales afrontan procesos que podrían sacarlos de sus cargos y develan que la política departamental, a pesar de los anuncios de cambios, sigue en manos de los mismos que se han quedado con el presupuesto en los últimos años.

En el centro el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, acompañado del senador Efraín Cepeda y la representante María Cristina Soto. Foto: Archivo Particular

El abandono de La Guajira es más que evidente: ir de Riohacha hasta Nazareth, en la parte alta de la península, en condiciones normales, puede tomar hasta nueve horas por las malas carreteras. En el propio Maicao y su conjunto urbano el agua potable es casi un bien de lujo. Y en cualquier zona rural del departamento es normal ver a los niños recibir clases bajo una enramada de trupillos. Y estos son solo tres ejemplos de situaciones que se multiplican a lo largo y ancho del departamento, víctima de una clase política voraz que ha sido condenada ya por corrupción y vendettas criminales. Ahora la gran preocupación de muchos es que esa clase se perpetúa en cuerpo ajeno.

Hoy, el gobernador y nueve alcaldes, de los 15 municipios del departamento, enfrentan procesos que podrían terminar en la anulación de sus elecciones o destituciones de sus cargos. Y aunque los procesos pueden dilatarse y terminar como un escándalo más, demuestran que a pesar de los anuncios de cambio que hubo en campaña, los actuales mandatarios no son más que la continuidad en el poder de viejos clanes y familias que han generado la crisis social de La Guajira. Y casi la totalidad de esos gobernantes locales que enfrentan procesos apoyaron la campaña de Nemesio Roys Garzón, el actual mandatario departamental.

Roys llegó al cargo en nombre de la Coalición cambio por La Guajira, pero con el aval principal del Partido Conservador y el decidido respaldo de dos caciques azules regionales: el senador Efraín Cepeda, y el representante a la Cámara Alfredo Deluque. Al final de la contienda electoral obtuvo casi el doble del porcentaje de votos de su más cercano rival, Delay Magdaniel, avalado por el Centro Democrático.

Al nuevo gobernador se le conocía como un santista de pura sangre, incluso llegó a manejar una de las oficinas más poderosas en los dos periodos presidenciales pasados, el Departamento de Prosperidad Social (DPS), de donde no salió bien librado, según un informe de la Contraloría General, que señaló que “incurrió en faltas graves con incidencia disciplinaria”; y por declaraciones de la nueva directora, Susana Correa, quien se quejó públicamente de haber encontrado una entidad “politizada y con nómina paralela”.

La situación de cuidado en este momento es que Roys se enfrenta a una posible anulación de su elección por una demanda de doble militancia que ya fue aceptada en el Consejo de Estado. Extrañamente, según una fuente consultada por SEMANA, la misma petición había sido desechada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de haber sido presentada con los mismos argumentos y pruebas. La misma suerte que corrieron procesos contra los alcaldes de Fonseca y Hato Nuevo.

La demanda señala que el 22 de julio de 2019 se firmó el acuerdo de coalición “Un cambio por La Guajira”, conformada por los partidos Conservador, Cambio Radical, Colombia Renaciente y Social de Unidad Nacional, para inscribir un candidato a la gobernación. Pero, Roys acompañó y apoyó de manera activa, en diferentes eventos, las campañas del candidato a la alcaldía de Uribia, Gerardo Cujía Mendoza, de la Coalición “Lealtad por La Guajira”, conformada por los partidos Liberal, Centro Democrático y Aico; y la de Euclides Redondo Peralta, candidato al primer cargo de Riohacha por el Partido de Reivindicación Étnica (PRE). “Por lo que el demandado (Roys) era inelegible por haber incurrido en doble militancia en la modalidad de apoyo”.

Según la magistrada Rocío Araújo Oñate, ponente, la demanda se ajusta formalmente a las exigencias de la ley y a través de la narración de los hechos en que se fundamenta se “identificaron las normas que se consideran violadas y se explicó porque, según el demandante, la elección de Nemesio Roys Garzón como gobernador de La Guajira, periodo 2020-2023 está viciada de nulidad”. Una fuente judicial le dijo a SEMANA que en menos de dos meses se estaría resolviendo la demanda y definiendo el futuro político del departamento.

Fonseca

Hamilton García Peñaranda llegó a la Alcaldía de Fonseca, luego de inscribirse por firmas, en nombre de Podemos Movimiento Ciudadano, y de derrotar en las urnas al candidato del Partido Liberal. El nuevo alcalde es sobrino de Marquitos Figueroa, fue asesor de Kiko Gómez en la Gobernación de La Guajira y en 2018 apoyó en la campaña al Senado del hijo de este, Fernando Gómez Bacci. Para algunas fuentes consultadas, este es un claro ejemplo de ilegalidad en una elección, ya que es señalado de pertenecer a una red de compra de votos, suplantación y alteración de resultados.

En agosto, antes de las elecciones, fue interpuesta una demanda de revocatoria en el Consejo Nacional Electoral de la inscripción de García Peñaranda porque su hermana Flor García Peñaranda ejerció como gerente, dentro de los 12 meses anteriores a las elecciones, del Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, que contrata con el municipio de Fonseca. Fue absuelto. Sin embargo, se interpuso otra contra su elección ante el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, y fue aceptada. El demandante anunció que ha recibido amenazas de muerte.

Bonifacio Henríquez Palmar (tercero de izquierda a derecha), el día de su posesió como alcalde de Uribia, a su lado el gobernador Nemesio Roys.

Uribia

Bonifacio Henríquez Palmar derrotó en las urnas a Gerardo Cujía, el candidato de la exalcaldesa Cielo Redondo, condenada por actos de corrupción y vínculos con paramilitares, y recordada por ser la persona que durante muchos años manejó la plata para las comunidades indígenas, incluyendo la de alimentación escolar. Sin embargo, al nuevo alcalde también lo persigue un pasado reciente ligado al Convenio Único de Resguardo, que maneja un presupuesto de $24 mil millones aproximadamente.

Según dicen en el municipio, el triunfo del Chino, como es conocido el mandatario, se lo debe en gran medida al respaldo de la representante a la Cámara, María Cristina Soto —prima de Marquitos Figueroa—, y al guiño del magistrado del CNE, Jaime Luis Lacouture.

Por lo grande del municipio, las mesas de votación están muy lejanas unas de otras, lo que hace casi imposible un control y una vigilancia electoral, así que el balance de la votación prácticamente depende de los jurados y sus preferencias. Henríquez fue demandado por el abogado de Cujía por trashumancia electoral y violación al debido proceso, pero también es investigado por supuesta suplantación y clonación de cédulas.

Manaure

A pesar de las altas regalías por gas y sal que recibe, Manaure ha sido el municipio escenario de muchas de las trágicas muertes de niños por desnutrición. Varios de sus alcaldes han terminado presos por corrupción y algunos de sus dirigentes asesinados. Y, ahora, su nuevo mandatario, Juan José Robles Julio, está inmerso en procesos legales que podrían tumbar su elección.

Amparado en una acción de tutela fallada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal, Robles se posesionó en su cargo el pasado 30 de diciembre, a pesar de que el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira había suspendido su elección, al concluir que se demostró su inhabilidad, porque en el momento de las elecciones Carlos Robles Julio, hermano del alcalde, tenía 14 meses de estar como rector de la Universidad de La Guajira.

La historia previa es que, aunque el caso fue denunciado con anticipación ante el CNE este solo notificó a Robles horas antes de la jornada electoral, lo que hizo que el proceso no se hiciera efectivo. Pero luego de su triunfo, la misma fue demandada ante el Tribunal, que en tiempo récord falló y anuló la elección, con firmas de las magistradas Carmen Cecilia Plata y María del Pilar Veloza.

Después, Robles señaló a la magistrada Plata argumentado que su hijo, Fernando Mendoza Plata, había firmado con la administración saliente, del grupo político contrario, contratos de obras civiles en el mismo municipio a través de la empresa Geoingeniería Ltda. Al final, la magistrada solicitó al Tribunal examinar la situación y ser separada del caso “para evitar el más mínimo asomo de duda sobre su imparcialidad por el interés directo o indirecto que el proceso pudiera surgir”. La demanda contra la inscripción y elección de Robles ya escaló al Consejo de Estado, que ahora tendrá que decidir si lo absuelve o declara la inhabilidad.

Albania

Néstor Sáenz, de profesión carnicero, llegó a la Alcaldía de Manaure al quedarse con el 40% de los votos, con el aval de Cambio Radical. Pero, para muchos, los amos políticos del municipio siguen siendo Oneida Pinto y su exesposo Pablo Parra, quien también está vinculado a la investigación por la muerte del concejal Jorge Jiménez, según versiones entregadas por exjefes paramilitares. Prueba de ese poder en el municipio es que a Sáenz lo antecedió en el cargo Jankeler Hernández, quien, como el nuevo alcalde, también fue subalterno de Parra y Pinto, en ese caso chofer y escolta.

El nuevo mandatario enfrenta un proceso por posible corrupción electoral. La investigación está en manos de la Fiscalía que tiene grabaciones que lo vincularían con la compra y venta de votos.

Dibulla

Una semana antes de las elecciones, la Fiscalía allanó el comando político del ahora alcalde Marlon Amaya, en donde encontró cédulas y realizó varias detenciones. El entonces candidato nunca se presentó ante el juez y terminó ganando la contienda política. Ahora enfrenta posible destitución teniendo en cuenta las pruebas contundentes que están en poder del ente investigador.

Amaya llegó al cargo municipal para suceder a un tío, pero esta es la segunda vez que es alcalde, igualando así los periodos de su madre. Esta es una población que ha sufrido las arremetidas de los diferentes periodos de la violencia en el país relacionados con el tráfico de drogas, desde la bonanza marimbera hasta la conformación de los nuevos grupos armados ilegales, debido a su ubicación geográfica estratégica, sobre las líneas de tránsito y distribución.

Luis Arturo Palmezano, el día de su posesión como mandatario del Hato Nuevo.

Hato Nuevo

En el Informe de candidatos cuestionados de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), publicado días antes de las elecciones, se incluyó a Luis Arturo Palmezano Rivero. Se le señaló en el pasado de ser heredero de la parapolítica en la región, al pertenecer a la corriente de Francisco “Kiko” Gómez. Se dice: “Fue capturado en 2015 en el municipio de Cimitarra, Santander, como consecuencia de las denuncias y demandas penales en su contra, y que cuenta con varios procesos legales definidos relacionados con delitos electorales. También se le vinculó como uno de los apoyos políticos a Alfredo Deluque en las elecciones de 2018”.Y es, precisamente, con este último congresista, quien se ha ido apoderando del espacio dejado por viejos clanes, con quien se relaciona ahora directamente su triunfo electoral.

La llegada de Palmezano al poder no fue sorpresiva, su familia ha mantenido una hegemonía política en los últimos años, a pesar de que varios de sus miembros han tenido líos por corrupción. El líder natural de la familia es Luis “Lindo” Palmezano, a través de su participación en el Movimiento Nueva Guajira, bajo el liderazgo de Alfredo Deluque.

Un proceso vigente es el que cursa en el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, donde se le acusa de concierto para delinquir, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, intervención en política, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Las audiencias del caso han sufrido múltiples aplazamientos por diferentes motivos. Los demandantes entutelaron al juez y a la Fiscalía por dilatación del proceso.

Barrancas

Para Iván Mauricio Soto, alcalde de Barrancas, la situación tampoco pinta muy clara. El nuevo mandatario, que derrotó al candidato de la casa Gómez, está siendo investigado por, supuestamente, hacer parte de una red de compra de votos, suplantación de sufragantes y alteración de resultados.

En el pueblo dicen que su triunfo está directamente relacionado con su tía, la congresista María Cristina Soto. Y es, precisamente William Gómez, un cuñado de esta quien aparece en un video, difundido en redes sociales, realizando una transacción el día de las elecciones, en el que, al parecer, se presenta la compra de votos. Lo llamativo del caso es que varios testigos advirtieron de situaciones ilegales durante la jornada electoral del 27 de octubre. Incluso, la misma Comisión Escrutadora Municipal emitió dos días después un informe detallado, mesa por mesa, en dónde se identificaron supuestas irregularidades. En una de las celebraciones políticas de Soto lo acompañó en la tarina el cantante vallenato Peter Manjarrés, los hijos de la representante Soto y el tío Gómez.

Jagua del Pilar

Waldin Soto Durán, quien también militó políticamente en el pasado junto a Kiko Gómez, llegó por segunda vez al primer cargo de la Jagua del Pilar, una población de unos 3.500 habitantes. En nombre del Partido Liberal, en esta ocasión derrotó a Lenin Sierra Manjarrés, del Centro Democrático. El alcalde es perseguido por un viejo fantasma, un proceso que lo relaciona con un peculado en favor de terceros por la sobretasa de la gasolina, dinero que habría sido destinado para financiar grupos armados.

El año pasado, la Fiscalía confirmó ante el Tribunal Judicial de Bogotá la resolución de acusación del 25 de abril de 2014 que vincula a cuatro exalcaldes de municipios de La Guajira, entre los que esta Soto Durán, y otros exfuncionarios locales, a quienes se les señala como coautores del delito de peculado por apropiación a favor de terceros, por el presunto desvío de más de $1.800 millones del cobro de estampillas Pro Turismo y Pro desarrollo Fronterizo. Entonces, es posible que este año el nuevo alcalde sea llamado a juicio y esto enrede su continuidad.

Maicao

El actual alcalde de Maicao, Mohamed Dasuki, era conocido hace unos años como un entusiasta seguidor del Partido de la U, pero estamos hablando de los primeros días de esa colectividad, cuando aún era liderada por el ahora expresidente Álvaro Uribe Vélez. En esos momentos se le vinculó también con el comerciante Raduen Mannaa Osman, incluso se dice que este fue uno de sus grandes apoyos económicos.

Mannaa alcanzó a incursionar en la vida pública cuando ayudó a Kiko Gómez a llegar al primer cargo de La Guajira, pero la sociedad política con Dasuki se debilitó cuando fue secuestrado por la guerrilla, en días en que realizaba contrataciones de obras civiles en varios departamentos de la región.

Dasuki está, desde junio de año pasado, en medio de un proceso de denuncia penal por posible falsedad ideológica y falsedad en documento privado, se le señala de falsificar el certificado de bachiller.

En respuesta a estas afirmaciones el alcalde le dijo a SEMANA que le extrañaba que lo vincularan tanto con Kiko Gómez como con Raduen Mannaa, porque del primero “fue su opositor en el momento en que fue diputado –incluso votó por su contrario Vladimir Cuello-; y del segundo nunca ha recibido apoyo político”. Sobre el tema del diploma, Dasuki reconoció que existe una demanda, pero señaló que esta fue interpuesta por opositores políticos que se niegan a reconocer que él les quitó el poder a familias tradicionales de Maicao. “Es totalmente falso que hubo falsificación. Cualquiera puede verificar con mi nombre y mi número de cédula en la página del Icfes que realicé la validación del bachillerato a través de la Institución Técnica Cedelca y presenté las pruebas en el 20016”.