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| 12/15/2018 5:06:00 PM

El precio del acuerdo con los estudiantes

El paro estudiantil logró movilizar al país en defensa de la educación superior pública y consiguió una adición presupuestal de 4,5 billones de pesos. Pero mucho de lo acordado solo se concretará el próximo año.

Hay acuerdo entre estudiantes y el gobierno de Duque El presidente Duque firmó el acuerdo el viernes. Por el momento, terminan las manifestaciones.

El gobierno y los representantes del movimiento estudiantil y profesoral llegaron, por fin, a un acuerdo. Después de dos meses de paro, 13 marchas multitudinarias, 16 sesiones de diálogo y varios estudiantes seriamente heridos, levantaron la mesa de negociaciones. Aunque, según afirmaron los representantes estudiantiles, las marchas continuarán el año que viene.

En total, adicionarán 4,5 billones de pesos durante el cuatrienio, un logro histórico para los movimientos estudiantiles en Colombia. Los nuevos recursos se repartirán así: 1,5 billones de pesos del Sistema General de Regalías para proyectos de infraestructura; 300.000 millones de pesos del impuesto sobre los excedentes de cooperativas para funcionamiento; 1,34 billones de pesos para la base presupuestal; 500.000 millones de pesos del Presupuesto General de la Nación para sanear pasivos y 850.000 millones de pesos para proyectos de inversión.

Aun así, para muchos el resultado no es del todo positivo, pues de los recursos adicionales –que aún no es claro de dónde saldrán– solo 1,34 billones irán a la base presupuestal de las universidades. Es decir, una vez finalice el gobierno de Iván Duque, sus necesidades podrían volver a superar sus recursos.

“Tenemos unos compromisos de mediano plazo, pues uno de los mayores logros de este acuerdo es establecer una mesa que discutirá la política pública educativa. Eso implica que la fuerza de este proceso de discusión está con la gente en las calles en una movilización pacífica”

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En ese sentido, las partes acordaron establecer unas mesas técnicas con los estudiantes para formular una reforma constitucional al Sistema General de Regalías, al Icetex y a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que especifican cómo se calculan los recursos de la educación superior. Mientras se siga repartiendo el presupuesto entre las universidades públicas sin ningún argumento técnico, como el número de estudiantes, docentes e indicadores de calidad, la adición presupuestal no alcanzará.

Y es que los porcentajes de distribución entre cada universidad pública se mantiene igual, aunque los recursos aumenten. Eso quiere decir que, pese a que estudiantes del Cauca, Caquetá y Santander caminaron hasta Bogotá más de 500 kilómetros para acompañar la manifestación del 22 de noviembre, sus esfuerzos por conseguir mayores recursos no se verán reflejados proporcionalmente en los aportes que les girará la Nación. El presupuesto que lograron al salir a las calles irá en un 45 por ciento solo para las universidades Nacional, Antioquia y Valle, sin ninguna razón técnica. Como dijo Ricardo García Duarte, rector de la Distrital, “sin saberlo, los alumnos de la Distrital están marchando por la Nacional, la de Antioquia y la del Valle”.

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Ahora, los estudiantes seguirán presionando estas reformas. “Tenemos unos compromisos de mediano plazo, pues uno de los mayores logros de este acuerdo es establecer una mesa que discutirá la política pública educativa. Eso implica que la fuerza de este proceso de discusión está con la gente en las calles en una movilización pacífica”, dijo Jennifer Pedraza, representante al Consejo Superior de la Universidad Nacional e integrante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Es decir, las marchas volverán en 2019.

El próximo año será clave para que los cambios propuestos por los estudiantes se consoliden a largo plazo; en palabras de Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, “para debatir e incidir en la política pública, en lugar de solo buscar los recursos para este o el siguiente año en las universidades colombianas”. 

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