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| 4/9/2019 1:48:00 PM

Explosiones, muertos, heridos, disturbios y censura. ¿Qué pasa en la Universidad del Valle?

La detonación que dejó un muerto y cuatro heridos confirmó que entre los manifestantes de ese claustro hay grupos radicales que manipulan explosivos; sumado a la reciente agresión a un equipo periodístico dentro de esa institución, todos estos hechos indican que algo malo y turbio se oculta en ese prestigioso campus académico.

Explosiones, muertos, heridos, disturbios y censura. ¿Qué pasa en la Universidad del Valle? Explosiones, muertos, heridos, disturbios. ¿Qué pasa en la Universidad del Valle? Foto: Cortesía

La Universidad del Valle (Univalle) es uno de los centros de educación superior pública más prestigiosos y admirados del país. Con sus más de 30.000 estudiantes y el centenar de programas de pre y posgrados, la institución se ganó el respeto y aprecio de caleños y vallunos.

Pero últimamente ese claustro educativo se ha visto envuelto en escándalos. En menos de una semana, en Univalle hubo un disturbio, una explosión, un muerto, cuatro heridos y el ataque a un equipo periodístico que investigaba la alarmante situación.

Para empeorar ese crudo panorama, este fin de semana la Fiscalía confirmó la imputación de cargos por los presuntos delitos de terrorismo, fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso restringido, contra tres de las personas heridas tras el estallido del material explosivo cuando lo manipulaban al interior de la universidad.

En contexto: Protestas en la Universidad del Valle dejan un estudiante muerto y varios heridos

Y como si eso no fuera suficiente, este lunes se conoció que un equipo periodístico del diario El País de Cali que investiga todos esos hechos dentro de Univalle, fue hostigado y censurado por un grupo de estudiantes; parte del ataque quedó registrado en un audio que reveló el diario en su portal de internet.

Ese lamentable incidente contra los periodistas y el medio de inmediato motivó la reacción de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), condenando el hecho y exigiendo a las autoridades la respectiva investigación.

"La seguridad de nuestro equipo de prensa es prioritaria, por lo que condenamos esta agresión. (…) Los responsables deben ser puestos a disposición de la Justicia", manifestó María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP y directora del diario El País de Cali.

De acuerdo con la denuncia que ya es investigada por la Fiscalía, “los periodistas fueron increpados por unas 10 personas, presuntos estudiantes, que les exigieron mostrar sus identificaciones de prensa y el material fotográfico. Otras 20 personas se acercaron, increparon al fotógrafo y lo golpearon en el pecho. Personal de seguridad de la universidad logró sacar al reportero gráfico en motocicleta del campus”, relataron ante la SIP.

Posteriormente vinieron las pesquisas y allanamientos que revelaron más detalles escabrosos que confirmarían un secreto a voces dentro de la universidad: que la misma estaría infiltrada por grupos radicales que cometen actos violentos durante las protestas de los estudiantes.

Fantasma siniestro

La violencia ha sido un fantasma siniestro que desde hace varios años persigue a Univalle y que ya dejó una huella sangrienta con la muerte de tres estudiantes, un policía y decenas de heridos durante las protestas que se realizan en las afueras de esa universidad, que tristemente se repiten por docenas cada año.

El caso más recordado y emblemático fue el asesinato en septiembre de 2005, del estudiante Jhonny Silva, durante una incursión del Esmad al campus universitario, para contener la protesta. Por ese hecho el Consejo de Estado condenó en 2017 a la Policía a pagar una indemnización de 700 millones de pesos y en ese mismo fallo le exige a la Fiscalía reabrir la investigación penal y dar con los responsables.

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La policía también ha sido víctima fatal de los disturbios en Univalle. Sucedió en agosto de 2012, durante otra de las habituales manifestaciones que incluyen bloqueos de las vías en el sur de Cali. En medio de los disturbios un patrullero fue impactado en la cabeza, al parecer con una papa explosiva, causándole la muerte al subteniente José Libardo Martínez, quien llevaba 12 años en la entidad policial.

Y el pasado miércoles 3 de abril varios estudiantes y algunos encapuchados protagonizaron una protesta con disturbios y bloqueos en las afueras de la universidad, lo que motivó la intervención de la fuerza pública. En ese contexto sucedió una fuerte explosión al interior de Univalle lo que causó la muerte del exalumno Jhonny Rodríguez, de 34 años de edad y padre de una niña. En ese mismo hecho resultaron heridas cuatro personas.

Luego se supo que la detonación fue producto de la manipulación de explosivos con los que se fabrican las temidas papasbomba. Ese dato relevante más la posterior investigación de la Fiscalía permitió concluir que la víctima fatal y algunos de los heridos estaban involucrados en el siniestro.

Posteriormente vinieron las pesquisas y allanamientos que revelaron más detalles escabrosos que confirmarían un secreto a voces dentro de la universidad: que la misma estaría infiltrada por grupos radicales que cometen actos violentos durante las protestas de los estudiantes.

Así lo infieren los investigadores del caso al confirmar que en las viviendas de los imputados registradas en Yumbo y Cali, hallaron varios elementos que demostrarían esa hipótesis.

“21 grupos de prendas (zapatos, pantalón, camisas, capuchas, gafas, brazaletes, pavas, guantes), con emblemas del M-19 y del Che Guevara. Sustancias que se asemejan a las necesarias para la fabricación de artefactos explosivos improvisados (azufre, clorato de potasio, polvo de aluminio negro, papel aluminio, piedras, canicas de vidrio); seis cocteles molotov (envases de vidrio, mezcla de combustible, mechas de trapo); cinco palos de bambú y tres artefactos explosivos improvisados por impacto (papas bomba)”, reveló la Fiscalía.

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Dos de los tres imputados identificados como Juan Pablo Aponte Gutiérrez y Juan Alberto Gómez, firmaron un preacuerdo con la Fiscalía y tendrán que pagar una pena máxima de nueve años de prisión y aunque fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, por ahora están recluidos en un centro asistencial recuperándose de las heridas que les dejó la fuerte explosión.

Desde que sucedió el siniestro las directivas de Univalle cerraron las actividades académicas y administrativas, pero fueron reabiertas este lunes 8 de abril y ese mismo día se presentó el incidente con el equipo periodístico del diario El País.

“Nada justifica que se agreda a la prensa cuando precisamente busca mostrar la implementación de medidas que apuntan a mejorar la seguridad y bienestar de la comunidad académica y en especial, de los más de 30.000 estudiantes que de ella hacen parte. Haremos internamente las investigaciones necesarias para que quienes asuman este tipo de comportamientos en nuestra institución reciban las sanciones correspondientes”, explicó Édgar Varela, rector de Univalle, en una carta enviada al medio afectado.

Frente a todos esos hechos, Ebly Calderón, estudiante de Licenciatura en Educación Popular y Terapia Ocupacional de Univalle, manifestó que “sería irresponsable de parte del estudiantado afirmar si las personas que estaban en el hecho hacían parte o no de algún grupo; esos hechos serán investigados por la Fiscalía”, explicó la joven integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios.

La universitaria defendió las virtudes personales de la víctima fatal de la explosión del pasado 3 de abril, “era un joven muy responsable que siempre se preocupaba por el bienestar de los menos favorecidos, siendo defensor de derechos humanos, tuvo un gran compromiso con la sociedad vulnerada y con mucha empatía hacia los demás, gracias a su solidaridad”.

La joven activista aclaró que si bien dentro de las dinámicas propias de la universidad, el movimiento estudiantil y su lucha “(…) puede que haya miembros de la universidad, pero no es esta, razón para generalizar y estigmatizar a todos los estudiantes y egresados de la misma”.

Enfatizó que, “si hay infiltrados o no, no lo sabemos nosotros, puesto que no somos un ente de investigación. Los medios de comunicación están dando un tratamiento militar de no mostrar lo que realmente ha pasado durante estas semanas en la universidad y se salen de su fin que debe ser comunicar”.

Frente al hostigamiento y censura a un equipo periodístico, la joven universitaria argumentó que “(…) la presencia de un reportero de El País, quien da diferentes versiones de la forma como logró ingresar a la universidad y quien fue el único que tuvo paso al lugar restringido, además de tener fotos del lugar, también tenía fotos de estudiantes, por lo cual se procede a pedir que borrara dichos archivos fotográficos y que se retirara de la universidad”.

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