POSCONFLICTO | 7/18/2020 2:38:00 AM

Ituango: la triste marcha del éxodo y la paz amenazada

Ráfagas de fuego atraviesan la paz. La masacre de Algeciras y el desplazamiento forzado de un grupo de excombatientes evidencian la atroz persistencia del conflicto y la incapacidad del Estado para controlar zonas estratégicas.

Ituango: la triste marcha del éxodo y la paz amenazada Foto: ILUSTRACIÓN: JORGE RESTREPO

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En la vereda Santa Lucía de Ituango, al norte de Antioquia, solo quedó el miedo. Este miércoles 93 excombatientes de las Farc y sus familias, fundadores y habitantes de la aldea de reincorporación Román Ruiz, sacaron sus corotos en camiones, buses y chivas para recorrer, en 8 horas, 350 kilómetros hasta un nuevo asentamiento, ahora en las laderas de Mutatá. Huyeron de las balas, los hostigamientos y las amenazas de muerte. Se fueron tras haber visto caer asesinados a 11 exguerrilleros, además a 7 de sus familiares, en los cuatro años que han pasado desde que decidieron dejar las armas y escoger Ituango para vivir en paz.

No les quedó otra opción, pues a medida que pasaba el tiempo el peligro aumentaba. Entre diciembre y enero, cuando dos miembros de la comunidad cayeron acribillados, 62 excombatientes se marcharon, cada cual a donde pudo. En febrero el asedio en la zona aumentó y 860 campesinos se desplazaron al casco urbano de Ituango en busca de refugio. Desde ese momento los reincorporados decidieron trastear la aldea, aunque pospusieron la procesión porque no tenían a dónde ir. Pero la primera semana de junio murió Camilo Sucerquia Durango, de solo 15 años, hijo de una exguerrillera. Y ese nuevo mensaje de violencia presionó al trasteo colectivo sin más dilación.

Al jovencito se lo llevaron el sábado 6 de junio a las ocho de la mañana, y apareció muerto por la tarde, abaleado junto a otras dos personas: William Pérez, conductor de un bus escalera, y Carlos Barrera, su ayudante de 17 años.

El partido Farc ató el crimen al récord de asesinatos de excombatientes, que va en 218, lo catalogó de exterminio y aseguró que el Gobierno pretendía perpetuar la guerra. Sin embargo, las pesquisas en el terreno apuntan en otra dirección.

El Ejército atribuye el triple crimen al Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas. Se trata de la mayor organización neoparamilitar del país, con al menos 3.500 hombres en armas y resueltamente dedicada al narcotráfico, aunque sin soltar la minería ilegal de oro y la extorsión. El Clan disputa a muerte con el frente 18 de las disidencias de las Farc los corredores estratégicos del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, un territorio bisagra y definitivo para controlar cultivos, laboratorios y rutas de narcotráfico. A su vez, la Séptima División del Ejército combate ambas estructuras. En medio de ese polvorín, el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Ituango resultó afectado una y otra vez.

De 202 homicidios y 12 desapariciones forzadas contra excombatientes de las Farc, la Fiscalía tan solo ha conseguido que 28 personas sean sentenciadas como resposables de esos crímenes.

El noroccidente de Antioquia es una de las zonas más golpeadas, no la única. La Unidad Especial de la Fiscalía, que investiga la violencia contra excombatientes Farc, le dijo a SEMANA, por medio de un informe, que en todo el país han perpetrado 250 ataques, así: 202 homicidios, 36 tentativas de homicidio y 12 desapariciones forzadas. “Del total de afectaciones, 116 registran avances investigativos a corte de 15 julio”, dice el documento. En cuanto a los asesinatos, el ente acusador ha conseguido 28 sentencias condenatorias, y el análisis general indica que Antioquia, después de Cauca, es el departamento más inseguro para los reincorporados. Además, deja en claro que los grupos disidentes y el Clan del Golfo son sus enemigos más letales.

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Al cierre de esta edición se presentó una masacre en la zona rural de Algeciras, Huila. Cuatro personas fueron acribilladas y dos más quedaron heridas en lo que parece una acción de las disidencias contra la familia de un exguerrillero. El luto y la zozobra acaparan la vida de los excombatientes.

El Clan del Golfo y el frente 18 de las disidencias de las Farc disputan el territorio abandonado.

Trasladar la aldea de Ituango es reconocer sin palabras que el Estado no pudo ejercer el control de la zona. La mudanza permite evitar que quienes están del lado de la paz terminen asesinados, reclutados forzosamente o persuadidos para que den marcha atrás. Los disidentes del frente 18 Román Ruiz de las antiguas Farc, que lleva el mismo nombre del ETCR trasladado, dieron ese último paso. Ellos proclamaron que cumplían órdenes de Iván Márquez, Santrich y el Paisa, los pesos pesados del rearme.

El espacio de reincorporación de Ituango es un proyecto fallido. En conclusión, en el centro del nudo de Paramillo las estructuras armadas se salieron con la suya. Las casas de paredes prefabricadas que ocupaban los excombatientes quedaron abandonadas y en la zona solo están los campesinos que se niegan a desplazarse a riesgo de sufrir la embestida de la guerra.

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Junto a la inseguridad, el porvenir económico desvela a los exguerrilleros. De las 2.000 gallinas ponedoras que tenían en Ituango no quedó nada. “No nos podíamos mover con ellas. Las vendimos de a poquitos. Incluso por debajo del precio porque la gente sacó provecho de la necesidad”, sostiene Juan de Dios Quintero, líder del espacio de reincorporación. Eso mismo les pasó con unas 100 vacas.

Otro tema es la seguridad con que contará la nueva zona de reincorporación. Al respecto, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, aseguró este jueves durante una rueda de prensa: “El mismo número de hombres, el batallón que respondía por la seguridad en Santa Lucía de Ituango, ha comenzado a operar hoy en Mutatá”. El anuncio confirmó el miedo de quienes quedaron en el antiguo territorio. “Al irse los excombatientes y la fuerza pública, es como decirles a los ilegales bienvenidos acá. Es dejar a la comunidad en medio de la guerra”, dice un poblador de la vereda Santa Lucía. Con la salida parece también esfumarse el sueño de tener la carretera pavimentada.

Los excombatientes piensan abrir un fondo de ayudas y, además, juntarse para adquirir un crédito a 15 años con el que puedan comprar las 60 hectáreas que faltan para completar la totalidad de la finca.

De los primeros excombatientes que salieron de Ituango nadie volvió a saber casi nada. Muchos dejaron sus enseres a cargo o simplemente los regalaron antes de partir. Así, poco a poco el grupo inicial de 260 exguerrilleros se atomizó. En la caravana que se desplazó a Mutatá iban menos de 100. El grueso ya se había marchado, de uno en uno.

Para el Gobierno la ubicación de esta aldea fue un error heredado, y por eso venía planteando el traslado: con el fin de garantizarles a los excombatientes, en otra parte, el retorno a la legalidad en condiciones seguras. “La vereda Santa Lucía queda en un punto donde confluyen grupos de narcotraficantes; nuestra recomendación era que se trasladaran, pero los excombatientes no querían”, dice Archila.

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En Mutatá todo está por hacer. A las mujeres y los niños les abrieron cama temporal en otra aldea de reincorporación que está allí cerca, en San José de León. Y los hombres instalaron las carpas en dos predios rurales que arrendó el Gobierno, donde empezarán a adecuar el nuevo espacio. Ocuparán 137 hectáreas, con opción de compra para eventualmente titular a los excombatientes.

Se trata de dos predios a 30 minutos de la cabecera municipal de Mutatá que conducen a la vía al mar: Becuarandó y El Porvenir. Los excombatientes piensan abrir un fondo de ayudas y, además, juntarse para adquirir un crédito a 15 años con el que puedan comprar las 60 hectáreas que faltan para completar la totalidad de la finca. De acuerdo con los cálculos del partido Farc, por lo menos 180 personas se reincorporarán en el nuevo espacio después de salir de Santa Lucía por la violencia. Ojalá esta vez el proyecto de paz prospere, por el bien de todos.

Algeciras, la cruel masacre

Hombres armados asesinaron a un niño, dos jóvenes y a una mujer. Su ‘pecado’: ser familiares y vecinos de Nencer Becerra, un desmovilizado de las Farc que hoy trabaja en la UNP. SEMANA habló con él.

La matanza del jueves en la vereda Quebradón, zona rural de Algeciras, Huila, se desarrolló lentamente. Los asesinos, como en otros casos, no tenían afán. Llegaron pasadas las ocho y media de la noche a la finca de la familia Barrera. Registraron la vivienda ubicada cerca de la carretera. Allí estaban Édison Sebastián Moya, de 16 años, y Luz Stella Burgos, de 35. Les pidieron que salieran y en medio de su llanto, los mataron.

Los asesinaron por tener parentesco con Nencer Barrera, excombatiente y ahora escolta de la Unidad de Protección Nacional (UNP). Luz Stella era cuñada del exguerrillero y el joven Édison Sebastián, novio de la sobrina de Nencer. La idea era asesinar a todos los Barrera.

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Los papás de Nencer, adultos mayores, estaban en una casa contigua, más lejos de la carretera. Desde ese lugar vieron llegar cinco motos y dos camionetas 4x4 blancas a la vivienda de su nuera. Oyeron gritos y decidieron correr. Subieron por una colina y cayeron a una quebrada que pasa por detrás de la finca. Atravesaron un puente colgante en mal estado y allí escucharon los disparos. En completo silencio, aguardaron hasta que salió el sol.

Algeciras tiene una posición estratégica para conectar al Huila con Caquetá. En la época del conflicto armado era el centro de operaciones de la columna móvil Teófilo Forero.

“Mis papás alcanzaron a correr y a atravesar un río. Por eso ellos (los asesinos) no pudieron entrar, porque no tenían la información completa de cómo era el lugar. A ellos los quieren matar porque yo estuve vinculado al conflicto armado”, dice Nencer. Los visitó por última vez hace 20 días. Un primo se acercó y le contó que las disidencias querían que todos los Barrera se fueran de Algeciras. Las amenazas no parecían muy convincentes y nadie les dio importancia hasta el jueves. Hoy en Quebradón no queda ninguno de ellos. Todos se fueron.

Después de matar a Luz Stella y a Édison Sebastián, los violentos pasaron a la finca vecina y de la misma manera asesinaron a Juan David Gómez, de 25 años, y a Luis Eduardo Gómez, de 22. En medio de las balas, Noé Ahumada Cifuentes, de 59 años, y un niño de 8 lograron escapar heridos.

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Diego Tello, asesor de paz y derechos humanos de la Gobernación del Huila, dice que la situación es mucho más grave. En total, asegura, han matado a 20 personas durante este año. “En Algeciras están asesinando a excombatientes en proceso de reincorporación, presidentes de juntas, líderes comunales y de asociaciones campesinas. Todos tenían un papel protagónico en sus comunidades por su trabajo social”.

Algeciras tiene una posición estratégica para conectar al Huila con Caquetá. En la época del conflicto armado era el centro de operaciones de la columna móvil Teófilo Forero. Ese municipio huilense presenció cruentos combates. Ahora se lo disputan dos disidencias de las Farc: una afiliada al organigrama de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez y Jesús Santrich, y otra comandada por guerrilleros que nunca se acogieron al proceso de paz. En esa encrucijada quedan los excombatientes y sus familiares. En palabras del asesor de paz, este año han salido desplazadas más de 100 familias de Algeciras y hay 50 exguerrilleros asediados para volver a tomar las armas o morir.