Incumplimientos en 14 condenas internacionales llevaron a Colombia al banquillo de la IDH

El Estado colombiano va al banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a rendir cuentas por el incumplimiento de 14 sentencias en las que ha sido condenado ante la justicia internacional por graves violaciones a los derechos humanos.

Dicha revisión se realizará en audiencias privadas este jueves y viernes, en el marco del 62 período extraordinario de sesiones de la Corte IDH, máximo órgano de justicia de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tendrá lugar en la Universidad del Externado, en Bogotá.

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Son varios casos emblemáticos y de vieja data por los que el Estado debe responder. Corresponden a hechos ocurridos entre 1985 y 1998, que dejaron 96 víctimas directas de desaparición forzada, 77 de ejecuciones extrajudiciales, dos de atentados y una tortura.

Durante las audiencias, víctimas y familiares de víctimas denunciarán ante la Corte el “incumplimiento generalizado de dichas medidas, así como la falta de voluntad política y los episodios de negacionismo desde el Estado frente a estas sentencias que abarcan sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral”, afirmó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), mediante un comunicado.

Entre los casos que se revisarán están la toma y retoma del Palacio de Justicia (1985), las masacres de La Rochela, Santander (1989); Las Palmeras, Putumayo (1991); Ituango, Antioquia (1997); o Mapiripán (1997), Meta; la masacre de 19 comerciantes por parte de paramilitares, o el caso de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, miembros del M-19 detenidos por el Ejército y desaparecidos en 1989.

Las sesiones están repartidas en tres grupos. Por un lado, habrá audiencias individuales para examinar los casos de Mapiripán y Las Palmeras, los 19 comerciantes y el Palacio de Justicia. También habrá un análisis colectivo en dos audiencias, acerca de la supervisión de cumplimiento de sentencias en nueve casos sobre tratamiento médico y psicológico, y otra de seis casos sobre búsqueda, identificación y entrega de restos.

Según explicó Jomary Ortegón, defensora de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), lo que ha ocurrido hasta ahora, es que la Corte IDH ha dicho que Colombia es responsable en los 14 casos que pasarán revista y que debe ejecutar diferentes acciones para reparar a las víctimas. La expectativa para este periodo de sesiones, es que después de las audiencias, la Corte IDH pueda emitir resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia.

“Se espera que en estas decisiones se puedan precisar modalidades de cumplimiento de ciertas obligaciones, por ejemplo en materia de búsqueda de personas desaparecidas o en materia de atención en salud para las víctimas”, dijo la jurista.

¿Y si el Estado no cumple? Lo que hace la Corte es publicar una resolución en la que señala el incumplimiento, afirma Ortegón.

Sobre algunos de los casos

Aunque todos los 14 casos son muy importantes, para el Cajar, el que más preocupa actualmente es el del Palacio de Justicia, por las recientes declaraciones de la Fiscalía General de la Nación. Días atrás, el fiscal (e) Fabio Espitia señaló que en dicho suceso, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, "no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas".

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Al respecto, indicó que esta afirmación “no tiene mayor sustento fáctico ni jurídico”, porque constituye la negación de suficientes evidencias que hay en el proceso y que han sido conocidas por la opinión pública.

“Preocupa altamente que en los casos en los que justamente han existido avances, se quiera en este momento retroceder en lo que hemos ganado”. Pero además, al Colectivo y otras organizaciones, les inquieta un tema transversal a varios casos, y es que el ente acusador “no está investigando”.

"La Fiscalía tiene suspendidas las investigaciones en donde están incursos miembros de la Fuerza Pública, y su argumento es que como existe la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya no puede tomar decisiones. Pero en un caso como el del Palacio, no hay personas que se hayan sometido a la JEP, entonces esta explicación es un poco forzada", asegura.

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Es decir, la entidad estaría tratando de dejar lo del Palacio de Justicia en un limbo jurídico para no juzgar.

Otro caso que preocupa a la abogada es el de La Rochela, cercano al de los 19 comerciantes, en los cuales la Fiscalía “nunca ha exigido investigar lo que la gente sabía desde el comienzo, que había una relación muy fuerte entre el paramilitarismo y la Fuerza Pública en el Magdalena Medio”. Incluso, recordó Ortegón, en 2009 la Fiscalía llamó a varios generales para luego precluir la investigación.

En el caso de la masacre de La Rochela, el tribunal americano revisará el estado de cumplimiento de las medidas de atención en salud, pero no en el resto de sus decisiones, como investigar a los responsables de lo ocurrido, reconocer públicamente la responsabilidad, efectuar placas conmemorativas, brindar oportunidades laborales y de estudio a las víctimas.

No obstante, la abogada señala que sería “muy importante que lo hiciera en un futuro cercano porque es un caso que se encuentra en la impunidad”. Por este episodio, han sido condenados integrantes de los grupos paramilitares, pero ningún agente de la Fuerza Pública.

Un tema adicional sobre el que advierte tiene que ver con las medidas de atención en salud, porque en todos los casos la Corte ha ordenado que a las víctimas se les brinde atención médica de manera gratuita, “pero el Estado no ha entendido eso, qué significa la gratuidad”.

"Lo que dice es que el Estado no puede brindar atención gratuita porque colapsaría el sistema, lo cual no tiene sentido porque estamos hablando de máximo 4 mil víctimas. Y lo que pasa es que las víctimas están falleciendo sin tener acceso a salud de calidad y gratuita", detalló.

Finalmente, está el caso de Caballero Delgado y Santana, que puede asemejarse a la situación de los casi 200 excombatientes de Farc que han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz.

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Para la jurista, este es un hecho “sumamente grave que debería alertar sobre los incumplimientos en medidas estructurales” que ha ordenado el acuerdo de paz con las Farc para garantizar la seguridad de las personas reincorporadas.

“Se puede hacer un símil con este caso, pero además con muchísimos otros que están pendientes de decisión en el sistema interamericano, como el de Carlos Pizarro León Gómez, o de exmilitantes del EPL y el M-19 que han sido asesinados”, puntualizó.

¿Qué más puede pasar en esta jornada?

Que en la propia audiencia, la Corte IDH llame la atención del Estado sobre los incumplimientos en los casos mencionados. “Una posibilidad que sería interesante, pero que no es común ni está asegurada”.

Lo que hace la Corte normalmente es hacer preguntas a las partes sobre las condiciones de cumplimiento de las medidas u observaciones. Pero según precisó la abogada, durante estos dos días no se van a practicar pruebas o citar testigos.

Aún así, un hecho importante es que las víctimas sí van a tener la oportunidad de expresarse ante la Corte sobre cómo perciben ellos el cumplimiento del Estado. “Lo único positivo de que la Corte esté en Colombia, ese acercamiento a las víctimas”, indicó.

*Con información de Anadolu