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| 8/2/2020 9:45:00 AM

Los cementerios del horror donde buscan a los desaparecidos de la guerra

Decenas de camposantos del país serán intervenidos en los próximos años. En estos podría haber más de 20.000 cuerpos no identificados, muchos de ellos son muertos del conflicto.

Búsqueda de desaparecidos en los cementerios de Colombia El cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, Antioquia. Foto: CRISTIAN LEGUIZAMON

La JEP entregó el cuerpo de Edison Lezcano a su familia el 17 de febrero. Fue el primer identificado por la nueva justicia transicional. Tenía 23 años cuando desapareció de su finca el 18 de mayo de 2002, dos semanas después del nacimiento de su tercer hijo. Su padre, Gustavo Lezcano, envejeció mientras lo buscaba sin tregua, pero la Fiscalía cerró la investigación en 2003. La familia se habría quedado sin respuestas si la JEP no hubiera intervenido el cementerio de Dabeiba, luego de que un exsoldado relató que allí habían desaparecido a decenas de víctimas de falsos positivos que él mismo ayudó a matar.

La JEP ha exhumado más de 50 cuerpos desde diciembre en Dabeiba. Es el primer camposanto que esta entidad interviene con trabajos forenses, pero pronto serán muchos más. La Jurisdicción tiene en la mira alrededor de diez, donde habría desaparecidos víctimas del conflicto armado. Han expedido medidas cautelares –y hay más en proceso– para proteger varios de estos. Componen la lista cementerios en Medellín (Universal), Neiva (Huila), Yopal (Casanare), San Onofre y Ovejas (Sucre), Betulia (Santander), Aguachica (Cesar), Puerto Berrío (Antioquia) y El Salado (Bolívar).

El cuerpo de Edison Lezcano fue el primer identificado tras las exhumaciones del cementerio Las Mercedes, en Dabeiba. Su familia, que lo buscaba desde 2002, lo recibió en febrero.

El magistrado Gustavo Salazar explica las situaciones que han encontrado, que ponen en riesgo la verdad sepultada en los camposantos. Por ejemplo, en el Universal de Medellín hay cuerpos no identificados que supuestamente alguien puso en un lugar, pero aparecen en otro. En Yopal y Aguachica, las administraciones han trasladado restos a otros sitios, previendo convertir los antiguos cementerios en zonas de urbanización. En algunos casos, el manejo de los camposantos queda en manos de las parroquias, que, con recursos limitados, exhuman cuerpos para abrirles espacio a nuevos entierros. En El Salado y en Valledupar, al parecer, las familias perdieron la paciencia y algunos fueron a romper las tumbas, a buscar a sus muertos por su propia cuenta.

Las dificultadas son tremendas, explica Helka Quevedo, antropóloga de la UBPD. En los cementerios del país hay 18.000 personas identificadas que nadie fue a reclamar. Y cuando los administradores de los camposantos tienen que alquilar el espacio a otra familia que va a enterrar a su difunto, mandan los restos a osarios comunes, en donde los mezclan con cuerpos no identificados. Esa es solo una de las tantas dificultades que los forenses enfrentan al abordar espacios manejados por décadas sin el rigor necesario.

“Como Unidad, en coordinación con Medicina Legal, estamos analizando la información de los expedientes forenses no identificados que murieron de manera violenta”, explica Quevedo. Aunque no necesariamente todos, buena parte de los 25.000 no identificados pueden ser víctimas del conflicto armado. La UBPD asume los casos que vienen desde 1960, cuando empieza su competencia como parte del sistema de justicia derivado del acuerdo de paz.

Una de las situaciones más críticas existe en el cementerio municipal de Tumaco. La Fiscalía estaba lista para exhumar los primeros cuerpos, cuando, en agosto, el Instituto Departamental de Salud de Nariño cerró el camposanto por problemas sanitarios. El lugar queda en pleno centro del pueblo y algunas casas prácticamente colindan con los osarios. Hay arrumes de basura y escombros, olores fétidos e, incluso, cuerpos expuestos. Cuando los sepultureros los desentierran para buscarles espacio a los cuerpos que llegan, los dejan cerca a la administración mientras algún familiar los reclama. Y ahí pueden pasar días a la intemperie.

“Los vecinos lanzan con facilidad los cuerpos de animales, como gallinas y perros, y aparecen los esqueletos”, cuenta Nurys Angulo, lideresa a cargo del grupo de las Cantaoras de Tumaco, que reúne a 20 mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. Con la emergencia de la pandemia reabrieron el cementerio, y hoy, pese a que está desbordado, sigue recibiendo cadáveres.

En el cementerio de Tumaco hay 235 cuerpos no identificados. La mayoría podría corresponder a desaparecidos que murieron en el conflicto. 

En ese espacio muchas familias concentran sus esperanzas. Allí hay 235 cuerpos no identificados. Según el colectivo Orlando Fals Borda, que forma parte de la mesa de desaparición forzada del departamento, más del 60 por ciento podría ser de desaparecidos del conflicto. La UBPD adelanta planes de búsqueda en siete cementerios del país, y uno de esos es el de Tumaco. Ya tienen hipótesis de la identidad de ocho personas desaparecidas en el marco del conflicto que podrían estar allí.

“Como el cementerio no tiene orden ni control, puede ser que los restos de estas personas que murieron en algún momento en enfrentamientos por grupos armados quedaran sepultados en el suelo y encima construyeran bóvedas”, explica Naya Parra, del colectivo Fals Borda, la organización social que más ha trabajado en los camposantos. Además, parte de la documentación de los cuerpos se ha estropeado porque estaba archivada en lugares con humedad.

No solo ese cementerio llama la atención en Nariño. En el de Pasto hay 276 cuerpos no identificados, y en Ipiales, 186. Muchos de ellos podrían ser víctimas del conflicto, que ha golpeado por décadas a uno de los departamentos con más cultivos de coca. Al fin y al cabo, por su ubicación sobre la frontera y el Pacífico, por allí pasan varias de las rutas más importantes del narcotráfico.

“En los 64 municipios del departamento hay por lo menos un cementerio, pero sabemos que hay muchos más. En municipios de la costa nariñense, muy afectados por el conflicto, hay hasta 10 o 20 cementerios rurales, informales. Lugares donde las comunidades del campo han enterrado a muchos fallecidos, y allí también pueden estar muchos desaparecidos”, explica Parra. Lo que falta por descubrir en Nariño, a su vez, puede parecerse a lo de otros departamentos.

Las autoridades, con su minucioso trabajo forense, están sacando a flote la magnitud de la barbarie vivida en medio del fuego cruzado y los excesos de los actores de la guerra en Colombia; como si la tierra gritara lo que han sufrido las familias colombianas y lo que han llorado las madres por la violencia que les ha arrebatado a sus hijos. Al entregarles hasta ahora 500 cuerpos identificados, les devolvieron de alguna manera la dignidad a los familiares.

Sin duda, como lo han expresado las víctimas, les dieron un bálsamo que, más allá de la pérdida y el sufrimiento, los ayuda a pasar la página. Sin embargo, la tarea de búsqueda e identificación es tan colosal que pasarán muchos años antes de que más de 25.000 deudos sepan qué pasó con sus hijos y puedan despedirlos. Esta tarea de exhumación debería convertirse en una especie de exorcismo colectivo para que la sociedad colombiana entienda lo que han sufrido las familias campesinas de lado y lado del conflicto

Wilmer y José Antonio, los hijos de Blanca Batero. Al primero lo desaparecieron los paramilitares. Al segundo lo mató el Ejército y lo enterraron como no identificado.

Como lo vivió Blanca Batero, a quien de sus tres hijos solo le queda uno por enterrar. Luis Alberto murió primero, envenenado. En 2003, Wilmer desapareció. Tenía 20 años y acababa de prestar el servicio militar. En San José del Guaviare tomó una lancha para volver a Puerto Cachicamo, a la finca de su mamá. Un grupo de paramilitares interceptó la embarcación y bajaron a sus pasajeros. Solo se lo llevaron a él. Blanca lo buscó hasta que pudo y se reunió incluso con jefes paramilitares. Le dijeron que se olvidara de él si no quería que a ella también le pasara lo mismo.

José Antonio quedaba con ella en la finca. El 19 de marzo de 2006 salió a trabajar y no volvió. Su madre lo buscó mucho tiempo, incluso estuvo en la audiencia de La Macarena en 2010, en la que denunció públicamente su desaparición.

En 2013 le entregaron el cuerpo. A comienzos de este año, en un fallo de segunda instancia, la Justicia condenó al Ejército por el asesinato de José Antonio, quien, según la sentencia, no era un guerrillero, sino un campesino. Hoy Blanca Batero vive sola en la finca de Cachicamo, esperando saber del cadáver de Wilmer.

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